Acompañado de un lamento porque el gasto en salud pública resulta insuficiente, Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud (SNS), afirma que para acercarse siquiera a tener un sistema más robusto debiera asignarse a este renglón un 5% del PIB.
Esta quimérica aspiración, como ha sido expresada solo como un ideal que nos acercaría a lo que se invierte otras sociedades en salud pública, pasó inadvertida y no impactó en ningún sector de la sociedad.
No es la primera vez que se menciona la necesidad de un 5% del PIB para el sector; ha sido consigna de gremios de médicos y enfermeras, y hasta la OPS/OMS llegó a plantear el 6%, pero ahora, como anteriormente, tan solo reivindicarlo resulta una “mala palabra”, un desaguisado.
Incluso, con la experiencia de lo acontecido con el 4% del PIB para la educación preuniversitaria sería suficiente para descartar el 5% para la salud porque, de entrada, se pondría sobre la mesa que la asignación de mayores recursos no garantiza eficiencia ni calidad.
En la Estrategia Nacional de Desarrollo se consigna que a partir del 2015 el gasto público en educación como porcentaje del PIB sería del 5%, pero a nadie en su sano juicio se le ocurrió siquiera recordarlo, porque ni los enardecidos defensores del 4% están hoy convencidos de que su lucha sólo por más recursos estuvo bien enfocada.
Además, el deficitario Presupuesto General del Estado está a punto de explotar con elevados porcentajes en subsidios, pagos de nómina pública y de deuda externa, y apenas quedan centavos para las necesidades esenciales de la población.
Positivo que el director del SNS haya mencionado el porcentaje del PIB que necesitaría la salud pública, una expresión sin duda bien intencionada, pues nos sirve para pedir respeto por el dinero que aporta el contribuyente y un uso correcto de esos ingresos.
Es probable, porque en este momento se elabora el Presupuesto General del Estado para 2026, que así como lo insinúa el SNS se multipliquen los reclamos de mayores asignaciones, pero ojalá esa pieza se estructure con racionalidad, lo que implica priorizar políticas públicas para los más pobres y no para beneficio y privilegio de los que más pueden, que tienen la fortuna de servirse siempre con la cuchara grande.
