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Para julio próximo se debe producir de manera automática la revisión del Salario Mínimo Privado No Sectorizado, y es lo que motiva a que desde ya se sienta algún tipo de actividad al respecto del Comité Nacional de Salarios (CNS).
Como siempre acontece, se empieza por barajar propuestas de montos, desorbitadas en principio por parte de las centrales sindicales y, casi siempre, una postura conservadora y escurridiza de los empresarios.
Pero llama la atención que en esta oportunidad sucedan situaciones fuera de lo común, como que la parte patronal, tan temprano como agosto del año pasado, sugiriera, motu proprio, un ajuste voluntario de sueldos.
Se entiende, debido a que es una primera puja para “negociar”, que las centrales sindicales pidieran un alza del 35 %; también es comprensible, por su trasfondo politiquero, que varios legisladores propusieran la loca idea de que el salario mínimo sea llevado a RD$45 mil.
Lo que habría que indagar más a fondo, porque genera muchas dudas, es que el Gobierno, a través de su ministro de Trabajo, contaminara su rol arbitral en el CNS, al afirmar la semana pasada: “El gobierno de Luis Abinader no verá como suficiente un simple ajuste por inflación, porque es necesario ajustar la inflación y aumentar”.
Apunta a que el Gobierno pretende ir más lejos al abogar por un pacto por salarios reales dignos. La idea gubernamental sería aumentar de forma sostenible y constante los sueldos mínimos de los trabajadores.
No sería conveniente, para que las negociaciones en el CNS fluyan sin sobresalto por ser el espacio institucional establecido para ello, que el Gobierno precipite el tema o lo acelere (el ministro también aboga para que la decisión sobre los salarios surja cuanto antes).
El Ministerio de Trabajo, que representa al Gobierno en el CNS, no debiera tomar partido, con su interés enmarcado en que se produzca un acuerdo entre empresarios y centrales sindicales, evitar el estancamiento de las negociaciones y motorizar una salida conveniente para las partes.
Y que a la postre prime una posición sensata, con un punto intermedio entre las propuestas por debatir, y que el alza favorezca también a trabajadores de las micro, pequeñas y medianas empresas, sin arruinarlas ni llevarlas a despedir empleados.
El aumento salarial debe servir para dinamizar la economía, lo que generará beneficios para todos; el Estado, los empresarios y empleados.
