El arte del engaño

El «cartel del cambio» sabe que ha impuesto una medida impopular, e intenta construir una narrativa que lo exculpe.

Para defender el paquetazo fiscal ha recurrido a un argumento engañoso: «En 2004 Leonel Fernández también hizo una reforma fiscal». Los que conocemos la historia económica sabemos que la comparación es insostenible.

Cuando Leonel Fernández asumió la Presidencia en agosto de 2004 recibió una economía devastada. La quiebra de Baninter provocó una expansión monetaria descontrolada, pérdida de reservas internacionales, una fuerte depreciación del peso y una inflación que superó el 40%. El dólar pasó de cotizarse alrededor de RD$18-20 a ubicarse entre RD$45 y RD$50. La pobreza se disparó y la confianza en las instituciones nacionales desapareció.

En un contexto de emergencia la reforma fiscal de 2004 no fue un acto demagógico ni una simple decisión recaudatoria. Fue una medida extraordinaria para evitar el colapso económico y recuperar la estabilidad macroeconómica.

El «cartel del cambio» sostiene que la economía dominicana es una de las más dinámicas de América Latina. Afirma que el PIB crece por encima del 4%, que el empleo aumenta, que las remesas baten récords históricos, que el turismo rompe todas las marcas y que la inversión extranjera continúa expandiéndose.
Si el diagnóstico oficial es verdadero, entonces: ¿cuál es la crisis que obliga a imponer un paquetazo fiscal?

La retórica del «cartel del cambio» carece de fundamento: Leonel también hizo reforma fiscal. Ese argumento simplista busca repartir el costo político de sus abusos y malas decisiones. Intentan construir una falsa equivalencia histórica.

En 2004 la reforma fiscal fue la consecuencia inevitable de una crisis económica y financiera sin precedentes. En 2026, la crisis es la excusa para justificar una reforma fiscal. No es un matiz; es la diferencia entre administrar una emergencia y fabricar una falsa narrativa.

Mientras se invoca una supuesta crisis, el Estado se niega a renunciar a su propios excesos y privilegios. Durante casi seis años de gestión el gasto corriente ha absorbido cerca del 86% del gasto total del Gobierno Central, mientras la inversión pública se ha reducido a mínimos históricos.

En lugar de utilizar las recaudaciones y el endeudamiento para desarrollar infraestructura y mejorar la productividad, han privilegiado la expansión de la nómina, el aumento de la publicidad oficial, la «bonocracia» discrecional y un modelo de asistencia social de clientelismo político.

Mientras se piden sacrificios a la ciudadanía, el Gobierno mantiene un presupuesto billonario para publicidad y contrataciones, y sostiene un esquema clientelar de transferencias y bonos que supera ampliamente el universo de hogares en situación de pobreza.

Una reforma fiscal tiene legitimidad cuando el Estado demuestra que está dispuesto a hacer sacrificios. Sacarle más recursos a la sociedad sin revisar los privilegios y excesos del Gobierno, debilita cualquier argumento de responsabilidad fiscal.

El contraste es mayor cuando se analiza la naturaleza de las propuestas. La reforma de 2004 se adoptó en un entorno de inflación desbordada, devaluación acelerada, crisis bancaria, recesión y pérdida absoluta de confianza. El paquetazo fiscal actual se presenta con una economía estable que, según cifras oficiales, crea empleos, atrae inversiones, recibe más turistas y hay estabilidad macroeconómica.

Es preocupante el intento de manipular la memoria económica del país. La historia puede interpretarse, debatirse e incluso revisarse a la luz de nuevas evidencias. Lo que no se puede es deformarla y utilizarla como propaganda política. Tratar de convencer a la ciudadanía de que ambas situaciones son equivalentes no es un ejercicio serio de memoria histórica; es un intento deliberado de confundir y engañar a la ciudadanía.

Todo sistema tributario requiere ajustes periódicos y adaptarse a nuevas realidades económicas. Si la economía atraviesa un momento tan favorable, como afirma el propio Gobierno, ¿por qué es necesario un plan anticrisis?

Antes de trasladar nuevos costos a la sociedad, el Estado debería comenzar reduciendo el gasto corriente, revisar las exenciones fiscales, combatir la evasión y mejorar la eficiencia del gasto público.

En 2004 el país enfrentó una auténtica emergencia nacional y las medidas adoptadas respondieron a esa realidad. Hoy, el Gobierno presume de una economía en expansión, llena de oportunidades y con gran futuro. Este gobierno es tan incompetente que no advierte la contradicción en la que incurre. No puede sostenerse al mismo tiempo, que la economía es inmune a la crisis de Medio Oriente y argumentar que el choque internacional de los hidrocarburos obliga a imponer un paquetazo fiscal.

Si efectivamente vivimos en el «país de las maravillas», como afirma el Gobierno, entonces el llamado Plan Anticrisis carece de sentido. Y si no vivimos en ese paraíso, el Gobierno no puede engañarnos y debe decirle la verdad a la ciudadanía.

Cuando se ofrece una narrativa política que no se corresponde con los hechos, lo que se intenta es vendernos gato por liebre. La historia económica puede debatirse, pero nunca falsificarse. Al pueblo no se le engaña, se le respeta.