Entre la libertad y la responsabilidad

Hasta ahora República Dominicana es considerada como uno de los países con mayor libertad de prensa y expresión de la región, e incluso del mundo.

De acuerdo con la clasificación mundial de libertad de prensa de la organización Reporteros Sin Fronteras, República Dominicana ocupa el puesto 44 entre 180 países en 2026.

Mientras que la Sociedad Interamericana de Prensa sitúa a República Dominicana en el primer lugar del Índice de Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025 entre 23 naciones, es la única clasificada en la categoría de “Libertad de Expresión”.

Esos resultados indican que en nuestro país es respetada la libertad de prensa y expresión por el Gobierno y las demás instituciones del Estado, así como por otros poderes.

Sin embargo, periodistas y comunicadores advierten un panorama incierto para los medios de comunicación ante la entrada en vigor, a partir de agosto próximo, de sanciones más severas por difamación establecidas en el nuevo Código Penal.

Los cambios que traen esos temores radican en que la pena por una simple difamación aumentará de un año y multas a entre 2 y 5 años, y la sanción por la comisión de la difamación extorsiva -cuando se utiliza la difamación como un chantaje para obtener dinero, favores o algún beneficio- puede ser desde 5 a 10 años y multas de 10 a 20 salarios mínimos del sector público.

Para mí puede ser válida la preocupación de los periodistas dominicanos acostumbrados a actuar con valores, respeto; no a la ligera, ni con el propósito de obtener beneficios, sin que importe afectar reputación o imágenes.

Es justo reconocer que este endurecimiento de las penas puede representar más riesgo para las investigaciones periodísticas sobre corrupción o abuso de poder.

No obstante, el mayor temor debe estar en los modernos comunicadores, quienes, en su mayoría, hablan de todo, sin saber de nada y están acostumbrados a juzgar la moral de cualquiera, sin los elementos de pruebas necesarios.

Las nuevas sanciones podrían servir de contención para ellos, sin limitar su derecho a expresarse sobre todos los temas, incluyendo los relacionados a irregularidades o corrupción gubernamental.

Debemos preservar la libertad de prensa y expresión, estandartes de la democracia, sustentado en periodistas y medios de comunicación que busquen la verdad a través de mecanismos de pruebas serios y “no alegres”, por el bien común.