Desde hace décadas muchos dominicanos guiados por la desesperación o bajo la ilusión de que llegar a los Estados Unidos será la panacea para todos sus males han arriesgado sus vidas pagando a personas inescrupulosas por embarcarse en una peligrosa aventura de atravesar las turbulentas corrientes del Canal de la Mona en frágiles embarcaciones, en las que muchos perecieron en el intento, otros fueron devueltos y algunos incluso luego de recurrentes tentativas logran el objetivo de llegar, aunque en muchos casos la realidad sea muy distinta a las expectativas que se crearon.
A pesar de que muchos dominicanos están dispuestos a todo con tal de emigrar, no obstante que nuestra condición de isla dificulta este objetivo, nos lamentamos de la continua migración ilegal de haitianos, quienes solo tienen que cruzar a pie una porosa frontera que durante años ha sido caldo de cultivo de corrupción y fuente de enriquecimiento ilícito para muchos que estando llamados a defenderla, vilmente han sido cómplices del tráfico e inmigración ilegal, la cual continuarán intentando atravesarla mientras encuentren aquí fuentes de trabajo a pesar de su estatus migratorio irregular, pues esta condición de vulnerabilidad hace que estén dispuestos a aceptar no solo un menor salario y costo, al no estar inscritos en el sistema de seguridad social, sino en muchos casos en condiciones deplorables.
A pesar de este historial, y salvo ocasionales escándalos que provocan destituciones de algunos funcionarios o detención de personas, ha habido una enorme impunidad pues en la mayoría de los casos no se han producido investigaciones serias ni sometimientos, y muchos menos condenas judiciales, lo que naturalmente ha hecho no solo que estos ilícitos continúen sino que se multipliquen adoptando modalidades cada vez más peligrosas, haciendo alianzas con redes internacionales de tráfico de personas.
Lo que tenía tiempo sucediendo y que no era un secreto pues todos los que deseaban pagar por una travesía ilegal sabían a quienes contactar, fue puesto al desnudo por el trágico accidente de un camión que se volteó en Chiapas, México, que tenía la intención de cruzar la frontera hacia los Estados Unidos, cuyo remolque estaba repleto de personas en su mayoría guatemaltecos, pero para sorpresa también de un grupo de dominicanos de Baní, de los cuales la mayoría murieron o se han dado por desaparecidos; y poco tiempo después esa misma provincia vuelve a vestirse de luto por el naufragio de una yola entre las Bahamas y la Florida, funestas travesías por la que pagan cifras de alrededor de veinte mil dólares.
El sometimiento de algunas personas implicadas, y la continuación de la investigación para encontrar a los demás organizadores de estos viajes ilegales, muchos de los cuales tienen décadas traficando con personas y sustancias ilícitas, y han superado las excepcionales imputaciones judiciales con inusitada facilidad, debe concluir con severas condenaciones para estos, perseguidas activamente por la Procuraduría General de la República, como sus nuevos incumbentes han dado señales de que harán.
Un nuevo operativo militar impulsado por esa Procuraduría General en la cárcel de la Victoria luego de la reyerta en la cual murieron tres personas y el doble resultó con heridas, en el que se desmanteló una plataforma de venta ilegal de conexión de internet, la misma que “wiferos” venden toleradamente en muchos lugares pero en este caso desde la penitenciaría, y se decomisaron todo tipo de armas, drogas, cigarrillos ingresados al país por contrabando, e infinidad de electrodomésticos y celulares, ha constatado lo que la mayoría suponía, que lastimosamente este es un lugar para seguir delinquiendo y una universidad del crimen.
La red de ilícitos que ha encontrado tantos espacios de tolerancia e impunidad en nuestro país solo podrá ser enfrentada con una voluntad firme de persecución de las autoridades del Ministerio Público, como la que exhiben las actuales, condenas severas dictadas responsablemente por los tribunales, compromiso de las autoridades de destitución de los responsables y aplicación de los correctivos de lugar, y asunción por la ciudadanía de que no puede haber tráficos que sean tolerados o justificados, porque todos son ilegales y forman parte de una espuria cadena delictiva de perversas consecuencias.
