Gato por liebre

Cada vez que el «cartel del cambio» enfrenta dificultades, utiliza la coyuntura internacional para anunciar medidas extraordinarias.

Sin embargo, el discurso choca con los datos oficiales. Dicen que la economía creció 4.1% entre enero y abril de 2026, y que en marzo el PIB aumentó 5.1%; que el empleo sigue expandiéndose, que las remesas baten récords, que el turismo no para de crecer, que la inversión extranjera aumenta y que la economía dominicana sigue siendo una de las más dinámicas de la región. Si a pesar de la guerra y del aumento de los precios internacionales, vivimos en el país de las maravillas, ¿cuál es la crisis que obliga a impulsar una reforma fiscal disfrazada de plan anticrisis?

El conflicto internacional es la excusa para imponer un «paquetazo fiscal» que pretende recaudar recursos adicionales para que el Gobierno continúe derrochando.

Se ofrece una reforma fiscal progresiva y solidaria, pero su contenido revela beneficios para el capital, alivios tributarios para sectores de alta capacidad económica, simplificación administrativa para los pequeños contribuyentes y un tímido esfuerzo para enfrentar la evasión y los privilegios fiscales. Nos quieren vender gato por liebre.

Proponen depreciación acelerada, devolución de impuestos a exportadores y nuevas facilidades tributarias para estimular la inversión privada. La filosofía es conocida: si se reducen los impuestos al capital, aumentará la inversión, crecerá la economía y, por un efecto de «goteo», todos se benefician.

La experiencia internacional demuestra que las rebajas tributarias al capital no garantizan por sí mismas más empleos, mejores salarios ni una distribución más justa del ingreso. Cuando llueve dinero, no todo el mundo se moja.

La pregunta es cuándo el gobierno se hará cargo de los elevados niveles de evasión y del enorme volumen de exenciones. Cada año el Estado deja de percibir miles de millones de pesos porque algunos no pagan impuestos y otros están legalmente exentos de hacerlo. Un sistema donde unos evaden y otros disfrutan de privilegios permanentes termina trasladando la carga tributaria a los consumidores y a los contribuyentes cautivos.

La propuesta fiscal del «cartel del cambio» no revisa el gasto tributario, no cuestiona los privilegios acumulados, y tampoco plantea una evaluación de los incentivos existentes. Al contrario, crea nuevos mecanismos que reducen aún más la carga tributaria sobre determinados sectores.

Mientras las grandes empresas reciben beneficios económicos concretos, a las micro y pequeñas empresas se les ofrecen principalmente facilidades administrativas. Se eliminan algunos anticipos, se reducen trámites y se formalizan acuerdos de pago.

Son medidas positivas, pero no modifican la inequidad del sistema tributario. Mientras a los sectores de mayor capacidad económica se les reducen impuestos, al resto de los contribuyentes se les promete menos burocracia.

La amnistía tributaria envía una señal equivocada. Cada vez que el Estado perdona intereses y multas, el incumplimiento deja de verse como un riesgo y se percibe como estrategia rentable. Un sistema que premia recurrentemente al incumplidor debilita la cultura tributaria y castiga a quienes sí cumplen.

Actualizar montos congelados del impuesto sobre sucesiones es técnicamente correcto, pero reducir de 25% a 3% el gravamen sobre las transferencias patrimoniales entre padres e hijos significa renunciar a uno de los pocos instrumentos que introducen progresividad al sistema fiscal. Mientras que las economías del G-20 discuten cómo gravar las grandes fortunas, el «cartel del cambio» propone reducir la tributación sobre la transmisión hereditaria de la riqueza.

El Gobierno presenta como beneficio el aumento de las deducciones por gastos educativos. La pregunta es porque el Estado no está garantizando una educación pública gratuita y de calidad para todos. La obligación constitucional del Estado no es subsidiar parcialmente el acceso a servicios privados, sino garantizar derechos universales.

El combate de la evasión es positivo, pero limitado. Fortalecer las retenciones, introducir mecanismos de trazabilidad y mejorar controles son medidas correctas. El problema es que se acompañan de nuevos beneficios fiscales y de incentivos que reducen la base imponible.

El Gobierno cierra puertas a la evasión, pero abre ventanas para la elusión. El mensaje que recibe la ciudadanía es que el problema no es cuánto se paga, sino quién tiene la capacidad de negociar un tratamiento especial.

Las verdaderas intenciones del «paquetazo» no son lo que cambia, sino lo que mantiene intacto. No enfrenta de manera decidida la evasión, ni revisa las grandes exenciones, no discute la tributación de las rentas del capital y evita un examen serio del gasto tributario. La larga lista de impuestos que el Gobierno promete no modificar coincide con los grandes privilegios que ha decidido preservar.

El país necesita una reforma fiscal que coloque en el centro la equidad, la progresividad y la eficiencia; que reduzca el gasto tributario injustificado; que elimine privilegios permanentes; que fortalezca la inversión pública y que utilice los recursos del Estado para mejorar la educación, la salud y las oportunidades de la gente.

En política, cuando se promete una transformación y se preservan los privilegios, eso es vender gato por liebre.