Por: Yajahira De La Cruz Mesa (Mujer afrocaribeña, cristiana, escritora, feminista y activista defensora de los Derechos Humanos).
El espacio digital es un espejo de la realidad física. Tanto en los entornos analógicos como en internet vendemos, compramos, estudiamos, nos divertimos e interactuamos de formas muy parecidas.
Quienes habitamos estos entornos somos miembros de una sociedad y una cultura que nos han moldeado y condicionado para actuar de determinada manera. Por lo tanto, quienes crean, desarrollan y producen tecnología lo hacen reproduciendo sesgos, discriminaciones y la violencia estructural de la que tanto hablamos desde los Derechos Humanos. Una violencia que.
Un reflejo claro de esa violencia es la brecha digital de género. Si bien esta ya limita el pleno desarrollo de las mujeres, la situación se vuelve aún más crítica cuando se cruza con alguna discapacidad. Esta brecha se exacerba al sumar variables como la edad, la etnia, la ubicación geográfica, la formación académica y los ingresos económicos. Esto añade capas de complejidad: así como cada mujer tiene necesidades distintas, cada discapacidad posee sus propias particularidades, y cada persona requiere herramientas tecnológicas adaptadas a su contexto para alcanzar una mejor calidad de vida.
En lo que respecta a la Inteligencia Artificial es un producto de alrededor de 60 años de trabajo científico y de investigación, pero lo que conocemos popularmente es una tecnología muy concreta dentro de ese trabajo que han explotado las grandes compañías tecnológicas.
En ese sentido, según el Informe de la Brecha Global de Género de 2023, sólo un 30% de las personas que trabajan en el ámbito de la IA son mujeres. Esta cifra persiste según los datos publicados por Women Tech Network.
El enfoque de género de las soluciones basadas en la IA depende directamente de quién la desarrolla y de los datos que se usan para su entrenamiento. Si la IA es concebida mayoritariamente por hombres con sesgos machistas con un lenguaje sexista y se entrena bajo esa misma lógica, su funcionamiento responderá a un patrón de discriminación múltiple. En este escenario, las mujeres quedan invisibilizadas y las mujeres con discapacidad son borradas por completo.
Ante este panorama, resulta imperativo señalar que, si los Estados no asumen una postura firme —traducida en acciones concretas para educar en igualdad y reducir las desigualdades sociales—, ni la tecnología ni la IA integrarán jamás esta perspectiva de forma genuina.
Es urgente construir una gobernanza global multisectorial que garantice la igualdad de género como un objetivo prioritario desde las fases de conceptualización y diseño de los sistemas de IA. Esto implica auditar e incorporar datos que corrijan la falta de representatividad de mujeres con discapacidad, racializadas y de diversos grupos etarios. Asimismo, es imprescindible diversificar los equipos de desarrollo tecnológico, lo cual exige una inversión firme en la formación de más mujeres en este sector.
En el ámbito regulatorio, se requieren mecanismos que impidan a las empresas lanzar sistemas de IA sin antes comprobar su idoneidad, seguridad e impacto social. Deben aplicarse medidas efectivas cuando estos sistemas presenten sesgos de género o raciales, refuercen estereotipos nocivos o vulneren normas de privacidad.
Por otra parte, se debe garantizar el desarrollo de herramientas accesibles que permitan a mujeres con discapacidad visual formarse en IA, asegurando que la tecnología potencie su autonomía y se adapte a sus necesidades individuales.
En última instancia, las decisiones sobre el desarrollo tecnológico —y en particular de la IA— no son meramente técnicas, ni son solo competencia de las áreas de tecnología e innovación: son decisiones políticas que impactan la vida, la salud, la dignidad y la equidad social. De ellas depende la garantía de derechos fundamentales como el acceso a la educación, a la salud, a la justicia y a una participación ciudadana plena.
