​Herido y sin dolor se desangra un país anestesiado

El desplome del techo de la recién inaugurada estación del tren de Novi Sad, Serbia, ocurrido en noviembre de 2024, causó el fallecimiento de 16 personas, entre ellas niños. El hecho alteró el humor de los ciudadanos y desató una serie de protestas estudiantiles bajo el alegato de que aquello no fue un simple accidente, sino la consecuencia de acciones ligadas a esquemas estructurales de corrupción.

​Las consignas callejeras anticorrupción tambalearon al gobierno y llevaron a la renuncia del ministro de Educación y, posteriormente, del primer ministro Miloš Vučević, movidas que los manifestantes consideraron una maniobra para encubrir a los responsables del hecho trágico y mantenerse en el poder. Entonces los jóvenes estudiantes, ante lo que consideraban una tomadura de pelo, decidieron plantarle cara al continuismo gubernamental y construyeron alianzas con otros sectores de la sociedad -académicos, agricultores, sindicatos, activistas y figuras destacadas de la sociedad civil- hasta tapizar las calles con estas banderas alternativas y presentar candidaturas al parlamento mediante la denominada “Lista Estudiantil”. Esta articulación definió una estrategia territorial de contactos y movilizaciones que, finalmente, logró alcanzar una amplia representación en el Parlamento.

​Pero no solo en Serbia las calles se convirtieron en escenarios de protesta; un fantasma -parafraseando a Carlos Marx- de inconformidades personalizadas en estudiantes, trabajadores, actores sociales, intelectuales y una amplia gama de expresiones de la sociedad organizada y no organizada comenzó a recorrer las ciudades de Europa para cuestionar a sus gobiernos; a líderes que, por no asumir una agenda diseñada para defender los intereses de los europeos, fueron encarrilando al viejo continente hacia el desmonte del Estado de bienestar. Este proceso se aceleró a partir de las sanciones a Rusia, lo que trajo como resultado el encarecimiento de la energía que ha derivado en el incremento del costo de producción y la falta de competitividad de su industria, la cual se reduce impactando de manera severa en la economía y el empleo. El cierre de fábricas y el recorte en los programas sociales -que se producen en paralelo al incremento en el gasto militar y a denuncias de corrupción que involucran no solo a los gobiernos de los Estados, sino a estamentos comunitarios- son parte del caldo de cultivo para las olas de protestas que, de reivindicativas, han pasado a ser políticas, como en el caso serbio.

​Mientras este espectro avanza con efecto dominó en Europa, en la República Dominicana, afectada por males parecidos -aunque en algunos casos de mayor dimensión-, la sociedad no reacciona. Una cadena de escándalos que supera en gravedad a los europeos transcurre en medio de una absoluta apatía social que, a simple vista, parece difícil de comprender.

​El caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) que, según denuncias, financió la reelección a costa de la pérdida de vidas humanas es, quizás, el más destacable. Pero no se quedan atrás el colapso de infraestructuras por falta de mantenimiento -como el paso a desnivel de la 27 de Febrero, el puente sobre el río Camú y el puente entre Don Juan y Yamasá-, el escándalo del Intrant con contratos millonarios y cuestionados para la red semafórica que paralizaron la capital, la corrupción en el INABIE que afectó la calidad de la alimentación de los estudiantes, ni las renuncias consecutivas de dos ministras tras denuncias sobre contrataciones públicas y manejo administrativo irregular. A esto se suman la Operación Falcón, que implica a funcionarios y legisladores del oficialismo en redes de lavado de activos y narcotráfico, y lo ocurrido en el Ministerio de la Presidencia, que vinculó a familiares del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, con el caso Medusa, derivando en la renuncia del titular para responder al proceso judicial.

​Todo esto ocurre en medio de la asfixia económica del ciudadano, provocada por el alza desmedida de los combustibles, las medicinas, la tarifa eléctrica y la canasta básica, agravada por los apagones y el deterioro hospitalario. A esto se añaden los contratos opacos mediante fideicomisos públicos que traspasan bienes del Estado a sectores privados sin fiscalización. Y, por si fuera poco, informes internacionales alertan sobre la filtración de armas y municiones de los estamentos de seguridad dominicanos hacia bandas criminales haitianas, financiadas por élites con acceso e influencia en el Palacio Nacional. Este último hecho, de extrema gravedad para la soberanía, ha sido silenciado con la complicidad de ciertos sectores mediáticos -tradicionales y alternativos- sedados por la abrumadora inversión gubernamental de 11 mil millones en publicidad masiva.

​¿Cómo se explica esta anestesia social? La respuesta apunta a tres frentes: el alquiler de voces mediáticas y algunos medios; comunicadores y otrora activistas o movimientos de la “sociedad civil” que encendían las calles y hoy forman parte de la nómina y la repartición del poder; además de sectores de la oposición que actúan como “caballos de Troya”, conformándose con migajas y garantizando la contención social a cambio de participar en una conveniente doble agenda que les permite lamer parte de la miel que el gobierno deja caer en el lodazal.