Luis Córdova
Especial para elCaribe
Sean procesados en justicia o desvinculados de la administración pública, las expresiones de una sociedad que demanda sanción al corrupto parecen extenderse con fiereza. Aún no queda claro si es una defensa por el patrimonio colectivo, si es celo por cuidar eso que en abstracto nos pertenece, o si se trata de fijar la diana en la cabeza ajena. Lanzar dardos a diestra y siniestra a quien esté en un cargo, sencillamente porque lo ocupa, porque “los políticos son todos iguales” y porque hay que sumarse a las hordas que reclaman “lo honesto”.
El escenario más propicio siguen siendo las redes sociales. Cada vez menos los medios tradicionales, hoy relegados a alimentar las cuentas que sí tienen real impacto en el clipping que nos lanza el algoritmo. No importa la red; el ruido nos llegará. En ese ecosistema se recogen flores y espinas: el like no distingue entre elogio o descalificación. Tampoco sabe si el reclamo es genuino o es impulsado por una agenda oculta de enemistades e invalidaciones. Lo importante es el impacto, que afirma tontamente que el número de reproducciones equivale al convencimiento de lo expuesto.
Umberto Eco advertía que las redes han otorgado el derecho de palabra a “legiones de idiotas” que antes solo hablaban en el bar, pero que ahora promueven una inquisición digital sin matices.
Aquí es donde la coherencia se quiebra. ¿Por qué no se corresponde esa demanda con la aceptación de controles? ¿Qué tanto se sigue al “sistema” para contratar y fiscalizar? ¿Por qué la reticencia cuando el Estado interviene en nuestras vidas particulares como regulador —en seguridad, fiscalización o permisologías—? No terminamos de entender que el control es parte de la transparencia y de la tabla rasa que debe medirnos a todos por igual.
¿De dónde sale tanta indignación frente al robo público y tanta complicidad con el fraude empresarial y privado? Acaso importa solo demandar a esa “ficción” que es el Estado, mientras se admira al particular que “sabe hacer las cosas” al margen de la ley. Es esa opacidad selectiva con el narcotráfico o con quienes enrostran fortunas que improvisan dioses, con capacidad de levantar paraísos y condenar a infiernos, todo envuelto en el oropel de una lavandería de capitales apenas camuflada.
Esta dinámica recuerda el concepto de Michel Foucault sobre el panoptismo: ya no necesitamos una torre central de vigilancia para disciplinarnos, pues nos hemos convertido en vigilantes los unos de los otros. Sin embargo, es una vigilancia hipócrita. El pensador galo sostenía que el castigo pasó de ser un espectáculo público de tortura a un sistema de control invisible. Hoy, las hordas moralizantes han devuelto el castigo al centro de la plaza pública digital, pero solo para aquellos que integran la nómina pública.
La vigilancia debe extenderse, no como el ojo del Gran Hermano orwelliano —ese que alguna vez imaginé parecido a la estampa del “Gran Poder de Dios” que colgaba en un rincón de las casas de los campos, que todo lo escucha, todo lo ve, todo lo sabe— y castiga a todos por igual ante lo incorrecto.
Las hordas moralizantes demandan culpables, pero no soluciones sistémicas; se satisfacen con una rápida destitución o con iniciar un proceso en los tribunales, aunque se diluya en el tiempo. La condena que importa es la dada en las avenidas digitales que transitan en una sola dirección hacia aquellos que entraron al ejercicio público. Se rasgan las vestiduras ante el presupuesto estatal, pero guardan un silencio cómplice ante el lujo que se financia en la sombra. Al final, la moralidad de la horda no busca la justicia, sino el alivio de sentir que, mientras haya un político a quien apedrear, lanzaremos piedras aunque no estemos libres de pecados y nadie sepa quién lanzó la primera.
