¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Es cierto que la lucha que se libra allí se debe a una trama nacional e internacional para derribar la versión Nicolás Maduro de la revolución bolivariana?
¿Tienen razón los opositores al denunciar que el de Maduro es un gobierno que vulnera los derechos democráticos del pueblo y desconoce su propia Constitución, mientras hay allí una crisis de subsistencia de la población?
Como es un tema de encendidas discusiones, en las que cada quien dice ser dueño de la razón y la verdad, expongo datos de la realidad.
“Hemos venido a reconocer estos resultados adversos, a aceptarlos y a decirle a nuestra Venezuela que ha triunfado la Constitución y la democracia. Los aceptamos, los resultados, exactamente como han sido emanados por el poder electoral”.
Con esas palabras reaccionó el presidente Nicolás Maduro, luego de que el 7 de diciembre 2015 la Mesa de la Unidad Democrática ganó 99 diputados frente a 46 del oficialismo, en unos comicios en que sufragó el 74.25 de los electores.
Las palabras de Maduro, que están en video en Google, y los datos sobre los resultados de las elecciones, ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral, controlado por el gobierno, expresaron de manera inequívoca la decisión electoral de la voluntad popular.
Aquellas elecciones, de las que el lunes se cumplirán apenas un año y ocho meses, se produjeron con dirigentes de oposición guardando prisión por razones políticas, e imperando allí un estado de control militar.
Desde entonces los hechos muestran que el Gobierno ha tratado de desconocer al poder legislativo y la parte del judicial que no le responde.
Basados hasta en cinco artículos de la Constitución Bolivariana, y dada la situación de ingobernabilidad de su país, la oposición dio inicio a un proceso de recolección de firmas para hacerle un referéndum revocatorio a la gestión de Maduro, obstruido por el Gobierno.
Mientras el oficialismo mantenía una permanente campaña de hostilidad y represión en contra de la oposición, la Asamblea Nacional ha sido objeto de todo tipo de ataques por parte de seguidores del gobierno.
Viendo que incluso las agresiones físicas no lograban ahuyentar a los legisladores, en marzo de este año, el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el Gobierno, decide anular la Asamblea Nacional parlamentaria.
El rechazo de la opinión pública internacional, y la valiente oposición de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, una funcionaria de origen chavista que alega la decisión del Supremo es inconstitucional, congelaron la anulación del parlamento.
Fue en esas circunstancias que el gobierno de Maduro decidió realizar una Constituyente usando los carnets de la ayuda social como cédula electoral, pese a lo cual las votaciones fueron poco representativas del electorado.
Mientras, y aquí tenemos claras evidencias, los venezolanos son una activa diáspora de exiliados económicos y sociales que huyen de un país que pese a tener potencial para ser el más rico y desarrollado de toda América Latina, registra un 80 por ciento de su población en situación de pobreza.
Para hoy está programado instalarse la Constituyente oficialista, ignorándose si desalojarán o desconocerán a los parlamentarios que con tan alta votación fueron elegidos en 2015, mientras el mundo se pregunta si es que confiado en su control del poder militar el Gobierno pretende llevar a ese país a una guerra civil.
