Los jueces o la ley

Hace más de dos mil años, antes de las normas escritas, las disputas en la Urbe se resolvían según la costumbre y las tradiciones orales, las cuales eran interpretadas por los pontífices o sacerdotes, quienes tenían un monopolio del conocimiento. Sólo ellos sabían interpretar. Y eran injustos, por eso hubo que crear la Ley, para igualarnos y protegernos dentro de nuestras diferencias.

Luego vino el problema del lenguaje. Qué significado darles a las palabras y conceptos para, según el que le hayamos dado, decidir. Obvio, no todos los conceptos son vagos, muchos al leerlos se comprenden fácilmente. Pero, al parecer, debemos dudar de todo, incluso de lo que está claro.

Entonces nace otro problema: cómo nos ponemos de acuerdo para decidir qué dice el Derecho. Esto sin olvidar la protección del más débil en la relación jurídica y el control del leviatán estatal.

Así pasó el tiempo sin ponernos de acuerdo y llegamos a la Segunda Guerra Mundial. La gran guerra desacreditó algunos conceptos básicos de la historia humana, como el de “nacionalismo”, el cual había que destruirlo, y parecía lógico, pero como la historia es cíclica, hoy muchos procuran rescatarlo, y también parece lógico.

Pero, para no desviarnos, luego de esta guerra, con los procesos judiciales a los perdedores y las teorías posteriores surgieron algunas preguntas -o se repitieron las de siempre-: ¿Debemos cumplir la ley aunque lo que esta diga sea injusto? ¿Se podría justificar no cumplirlas?

Y luego, junto a las preguntas, aparecieron las palabras guías. Palabras viejas, pero vistas con ojos nuevos. Palabras que sirven para todo y para todos. Y no digamos que palabras “mágicas”, pues en cierta forma todas las palabras lo son. Más bien, palabras fascinantes capaces de conjurar los fantasmas. Entre estas: Igualdad, discriminación, libre desarrollo de la personalidad y, la cereza en lo más alto, el nom plus ultra: dignidad.

Hasta aquí el asunto pinta bien, pero seguimos con el problema de la vaguedad de las palabras o conceptos, del exceso de normas y, también, de cómo nos ponemos de acuerdo sobre lo jurídicamente correcto.

Para solucionar esto surge la idea de un documento que contenga la esencia de lo que queremos ser como nación (amén del nacionalismo que decíamos arriba); y que sea de textura abierta, para que todos quepan en ella y dialoguen para lograr consensos.

Y ese documento debía ser una ley, obvio, pero una “ley de leyes”, una ley suprema, y le llamaron: Constitución. Y, como seguía el problema del acuerdo no logrado sobre la vaguedad, alguien dijo: y ¿por qué no creamos un lugar compuesto por expertos que sea el que tenga la última palabra en relación con esos grandes temas y conceptos que dice – o se supone que dice- ese tan importante documento. Y así nacen los tribunales constitucionales.

Como vemos, volvimos al inicio, como antes de las normas escritas confiamos a una suerte de augures sabelotodo como únicos depositarios del significado de la Ley (Constitución).

La historia se repite, Marx tenía razón. Y surge la pregunta: ¿Sus decisiones son, como aquéllos viejos pontífices de la Urbe, injustas? O, ¿Debemos confiar en lo que crean y digan los jueces o en lo que fije la ley?