Los “ocupados ausentes” no tienen quien les escriba

1,428,589 de las personas ocupadas en el II trimestre del 2020, pertenecían a la categoría de “ocupados ausentes”, reflejando un incremento de 1,306,128 con relación al nivel de abril-junio de 2019. ¿Quiénes caen en esta categoría? Los que mantienen el vínculo con el puesto de trabajo por estar en vacaciones, tienen permisos o licencias para ausentarse, o prevén regresar a sus puestos de trabajo en un horizonte máximo de 3 meses. Este brinco anormal se origina en las medidas de cuarentena y distanciamiento social adoptadas a mediados de marzo 2020 para evitar la propagación descontrolada del Covid-19. Las mismas impidieron el desarrollo normal de las actividades de trabajo y forzaron el cierre de actividades económicas no esenciales.

El 33.6% de los ocupados en el II trimestre del 2020 eran “ocupados ausentes”. Dentro de los “ocupados ausentes” se encuentran los empleados registrados en los programas de apoyo FASE para los ocupados formales inscritos en la TSS. A pesar de estar suspendidos temporalmente, estos trabajadores mantienen el vínculo con sus puestos de trabajo y, en consecuencia, siguen siendo considerados como ocupados. Como señala el Banco Central, “los puestos de trabajo de este grupo de ocupados se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad”.

No disponemos de información acerca de cómo ha evolucionado esta variable en el III trimestre del 2020. Uno se siente tentado a pensar que el número de “ocupados ausentes” se ha ido reduciendo teniendo en cuenta que el II trimestre constituyó el peor momento de la depresión económica provocada por las políticas de distanciamiento social y el pánico global que ha congelado las decisiones de consumidores e inversionistas. Sabremos lo que finalmente sucedió, con una buena mezcla de esfuerzo y suerte, a finales de diciembre, cuando el Banco Central publique el boletín trimestral del mercado laboral de julio-septiembre del 2020.

El Gobierno ha anunciado que, a partir de enero del 2021, el programa de apoyo FASE que beneficia a los “ocupados ausentes”, entre otros, será eliminado. Las autoridades han señalado que no disponen de espacio fiscal suficiente para mantenerlo indefinidamente. Ante la decisión tomada, resulta imperativo hacer todo lo que sea necesario para que la economía dominicana acelere su recuperación en el último trimestre del año, a fin de promover un resurgimiento más rápido de las ventas y del flujo de caja de las empresas. Solo lo anterior, crearía las condiciones para un diálogo franco entre el Gobierno y el sector empresarial, con el objetivo de evitar que la suspensión temporal que afecta a los “ocupados ausentes” derive en una económicamente lamentable, socialmente costosa y políticamente perturbadora suspensión permanente de cientos de miles de trabajadores.

Durante los primeros 9 meses del año, la economía dominicana se contrajo 8.1%, un resultado previsible si se tiene en cuenta que las ventas nominales de todos los sectores económicos se habían reducido en 11.1% en enero-agosto del 2020, mientras las recaudaciones de la DGII y de la DGA cayeron en 12.8% y 18.0%, respectivamente, durante enero-septiembre del 2020. Con semejantes métricas, es difícil que los espíritus animales de nuestros empresarios se animen a salir de los armarios. Si no salen, resultará muy cuesta arribar al 2021 con un número reducido y manejable de “ocupados ausentes”. Si un número elevado de “ocupados ausentes” y “espíritus animales escondidos” se topan con la eliminación de los programas de apoyo que el Gobierno ha estado ejecutando desde el pasado mes de abril, densos nubarrones podrían adueñarse de la geografía económica, social y política, y abrir surcos en los espacios urbanos a movilizaciones primaverales indeseables.

El Gobierno debe actuar ya. El tiempo para relanzar la actividad económica se está agotando. Quien crea que con facilidades crediticias adicionales del Banco Central lograremos la reactivación, definitivamente, no entiende nada de macroeconomía. Mucho menos si éstas coinciden con la “reducción” de RD$46,600 millones en el gasto público, que, según la Dirección General de Presupuesto, “logró” en septiembre. Hay que sacar la artillería fiscal y no temer a excederse en la magnitud del despliegue. Lo anterior va a requerir que el Congreso Nacional otorgue al presidente Luis Abinader, todos los poderes y autorizaciones que necesite para comenzar a movilizar el flanco fiscal. Esto así, porque el marco legal existente limita el margen de maniobra del Poder Ejecutivo para hacer frente a la catástrofe económica que enfrentamos. Algunos pensarán que estamos exagerando. Imaginen un millón de trabajadores despedidos permanentemente en enero del 2021 y díganme si habría un calificativo más apropiado.

La declaratoria del Estado de Emergencia que estipula el artículo 265 enmarcado en el Título XIII de los Estados de Excepción que habilita la Constitución de la República, no ofrece al Poder Ejecutivo los grados de libertad que este necesita para estimular la economía a través de un ambicioso programa de inversiones públicas en proyectos que impacten positivamente a otros sectores económicos: proyectos que tengan un efecto multiplicador capaz de abrir las puertas de los armarios donde residen actualmente los espíritus animales de nuestros empresarios. El numeral 4 del artículo 266 establece que “los estados de excepción no eximen del cumplimiento de la ley y de sus responsabilidades a las autoridades y demás servidores del Estado.” Hay que cumplir, en consecuencia, con una ley que cuando se redactó, discutió y aprobó, nunca contempló que 14 años más tarde nuestro país y el resto del mundo, estarían haciendo frente a una depresión económica más intensa que la generada por el crac de 1929. Nos referimos a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones. Esa ley es incompatible con las acciones públicas que deben ejecutarse con urgencia, en situaciones anormales y excepcionales, para que las economías puedan sobrepasar y dejar atrás los efectos negativos de perturbaciones transitorias, como las que enfrenta actualmente nuestra nación.

El gobierno del presidente Abinader ha anunciado que se propone ejecutar varios proyectos de infraestructura de gran envergadura y trascendencia, incluyendo un programa masivo de construcción y remodelación de 30,000 viviendas, la autopista del Ámbar entre Santiago y Puerto Plata, la expansión y modernización del Puerto de Manzanillo, la construcción de la infraestructura básica necesaria para el desarrollo del polo turístico de Pedernales, a los que deberíamos agregar la reparación, reconstrucción y ampliación de la Autopista Duarte. Si leemos la Ley 340-06, deduciremos rápidamente que en el caso de los tres proyectos anunciados por el presidente Abinader en el acto de toma de posesión, al ascender cada uno de ellos a más de US$6.3 millones (0.0006 x RD$657,166,229,356/RD$62.30), la selección de las empresas contratistas tendría que emanar de una licitación pública. Montar esas licitaciones requeriría un mínimo de 9 meses. Si se opta por la modalidad de estructurar las alianzas público-privadas estipuladas en la Ley 47-20, incluyendo la gestión del financiamiento del Gobierno y de los privados para apalancar sobre el “equity” que ambos sectores aportarían, posiblemente requeriríamos de 12 a 15 meses antes de meter una excavadora o un grédar. Frente a la magnitud de la crisis anormal que enfrentamos, semejantes plazos convergen al largo plazo de tiempos normales. Como dijo Keynes, “en el largo plazo todos estaremos muertos”.

¿Hay forma de salir de la trampa institucional en que nos encontramos? Claro que sí. El Poder Ejecutivo debería someter con carácter de urgencia al Poder Legislativo un proyecto de modificación de la Ley 340-06 que autorice la contratación directa o grado a grado, sin necesidad de licitación, en situaciones de emergencia económica que requieran la actuación urgente y decidida del Gobierno, para moderar o evitar las repercusiones negativas que acarrean las depresiones económicas. La modalidad de contratación directa tendría vigencia únicamente durante el período que resulte necesario para allanar el camino al aumento del gasto en inversiones públicas que reclama la depresión económica. Podría establecerse un período máximo de 12 meses, revisable en caso de que el Ejecutivo demuestre la necesidad y reciba la extensión por parte del Poder Legislativo. La ventana de contratación directa entraría en vigencia en situaciones de caídas de 3% o más en el PIB real anualizado.

Me imagino que algunos fundamentalistas del populismo institucional se rasgaron las vestiduras al concluir la lectura del párrafo anterior. Prefiero la rasgadura a la tragedia económica, social y política que se produciría si la actividad económica no se recupera lo suficiente de aquí a marzo de 2021, y cientos de miles de “ocupados ausentes” ingresan al ejército de desocupados permanentes. La contratación directa que el Poder Legislativo autorizaría al Gobierno del presidente Abinader no implicaría necesariamente promover la falta de transparencia y el otorgamiento de privilegios a los contratistas elegidos. Dejemos la hipocresía. No son muchas las empresas con experiencia en la construcción de autopistas que requieren de tecnología avanzada como sería la Autopista del Ámbar o la expansión y modernización del Puerto de Manzanillo. El Gobierno podría fomentar la conformación de consorcios que garanticen una ejecución exitosa, supervisada no solo por firmas especializadas en la materia sino también por veedores intachables. Sobre la marcha, una vez la economía recupere su vitalidad, el Gobierno ponderaría, con calma, la migración de las obras en ejecución con aportes totalmente estatales, hacia nuevas estructuras de alianzas público-privadas, si fuese conveniente hacerlo, una vez los espíritus animales privados hayan salido de los armarios. l

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