Quien suscribe tiene un compromiso personal de amistad, aunque hace algunos meses hice un alto en mi autoexilio económico en Orlando, Florida, el cual he pausado para atender al llamado de un viejo amigo: José De Pool, Gerente General de Titulatec, a quien conozco desde los inicios de los años 70.
Cuando vine al país, luego del decreto 392-16, asumí todo lo llamado a orientar a la opinión pública respecto al caso Los Tres Brazos, publicitado desde los atrios del poder para presentar la acción del Gobierno como panacea a los quebrantos de un sector social que en casi cuatro décadas “no existió” para quienes ahora lo tomaban como punta de lanza para agredir a un hombre que no acumulo para sí lo que otros han obtenido hurtando los bienes públicos.
Desde el Ministerio Público que encabeza el señor Jean Alain Rodríguez, se han tomado medias verdades y magnificado grandes mentiras, mentiras que hay que creerlas. Pero como ya ha dicho y repetido el doctor Julio Hazim en su programa Revista 110: “Cuando la opinión pública se parcializa no hay nada que hacer”. Por eso esta situación ya cumplió 20 meses en un limbo, y sus actores principales presos y desacreditados con un expediente de ladrones.
Titulatec es una empresa creada en 2013 para titular terrenos privados que, en el país, están ocupados en la alarmante proporción de más de un 70%, y en abril de ese año, hace una alianza estratégica con la empresa INFEPA. Titulatec se convierte en tercer adquiriente de buena fe, porque entraba a participar de un negocio que hacía más de diez años se había producido entre INFEPA y la empresa autónoma del Estado conocida como CORDE , sin haber hecho negocios con esta última.
El Estado ha desconocido sus propias reglas, lo que de paso pone en entredicho la emisión de miles de títulos de propiedad que el Gobierno y el propio Medina han venido entregando a campesinos que, como ocurrió en Los Tres Brazos, es gente que ocupó y construyó en terrenos de propiedad pública. El juez que examinó el expediente de Jean Alain Rodríguez no pareció tomar en consideración este aspecto y de manera ligera, haciendo caso a la presión de grupos “populares” dispuso prisión preventiva para gente cuya honorabilidad se ve marchitada por aquella necesidad de aparentar pulcritud frente a una sociedad carcomida por la corrupción y la desidia de sus funcionarios.
El sistema de promoción política del Gobierno habla de los miles de títulos expedidos a favor de campesinos que ocuparon parcelas del Estado, documentos que, nos imaginamos, la banca comercial aceptaría como colateral a financiamiento que sus poseedores estarían en condiciones de gestionar, tal lo hicieron muchos en Los Tres Brazos.
Es mucho lo que pudiera decir sobre las motivaciones del Gobierno para exhibir con estos empresarios su “decidida” lucha a la corrupción.
