El medio libre es una herramienta legal para la reinserción social de quienes cumplen condena. Permite que un interno salga a trabajar de lunes a viernes y permanezca en arresto domiciliario los fines de semana. Es parte del diseño normativo que busca que la pena no sea mera venganza, sino oportunidad de reeducación.
José Manuel Arias, juez de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, otorgó ese beneficio al interno Donni Mayobanex Santana Cuevas, condenado a veinte años por violación a su hijastra. Su decisión está sustentada en los fines de la pena, el principio de reinserción social y la tutela judicial efectiva de los derechos del condenado; con base normativa en la Constitución, el Código Procesal Penal, la Ley 164-80, sobre Libertad Condicional, la Ley 113-21, sobre el Sistema Carcelario y Correccional y la Res. 296-2005.
La Resolución núm. 1527-RES-00142, detalla que el interno: 1. Cumplió tiempo mínimo de la pena, 2. Tiene buena conducta certificada, 3. Recibió opinión favorable de Comisión de Vigilancia, 4. Presentó garante laboral idóneo; y, 5 La querellante desistió.
La Resolución cita: Art. 40.16 de la CRD: Las penas deben orientarse a la reeducación y reinserción social. El juez recuerda que negar beneficios de manera automática por la gravedad del delito sería desconocer la finalidad de la pena, convertir la prisión en un simple depósito humano y violar el principio de igualdad ante la ley. Por lo que impuso condiciones estrictas de cumplimiento: arresto domiciliario los fines de semana, reportes semanales, prohibición de contacto con la víctima, no redes sociales sobre su proceso y revocación inmediata si incumple.
El juez decidió conforme a derecho, pero la reacción pública fue feroz. Hasta el Colegio de Abogados, que había garantizado el empleo, retiró su respaldo, aparentemente, por la presión mediática. Y el Poder Judicial en vez de respaldarlo, “acepta” que el juez coordinador del Departamento judicial lo traslade con un acto que no sale del Consejo, por ser un juez titular, dizque para eliminar la mora en el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal.
Ese traslado se percibe como un castigo y manda un mensaje peligroso: si decides lo correcto, pero es impopular, podría ser afectada tu estabilidad laboral y, peor aún, tu buen nombre y honra. Se premia la complacencia y se castiga la independencia judicial. Además, si un juez que aplica la ley puede ser removido por la reacción pública, ¿qué garantía tiene cualquier ciudadano de que su caso será resuelto con imparcialidad?
Sin jueces que decidan conforme a derecho, sin temor – aunque duela-, no hay Estado de derecho. Todo es una farsa, un engaño.
Si el juez hizo algo incorrecto, que le inicien un proceso disciplinario, pero si actuó conforme a derecho, como entiendo, es un soberano abuso y una total falta de táctica del Poder Judicial, al través del juez que hizo el traslado, de enviarlo a otro tribunal en este momento.
Mandan un mal mensaje. ¡Un pésimo mensaje! ¡Pobres jueces! Antes de decidir deben leer los periódicos, las redes sociales y adivinar o enterarse de los intereses de sus superiores.
Un país que castiga a sus jueces por hacer lo correcto está minando su propia institucionalidad.
¡He dicho!
