Concluye el año 2018 con altas y bajas. El comportamiento de la economía será la noticia más positiva. La CEPAL estima que el PIB de la República Dominicana registrará un crecimiento del 6.3%, el mayor en todo el continente. El reto para el país sigue siendo que ese crecimiento económico se traduzca en una reducción sustancial de la desigualdad y la pobreza. Lo negativo, como en años anteriores, es el permanente déficit fiscal y el alto endeudamiento externo. Una parte importante del presupuesto que debería invertirse en el desarrollo, tiene que dedicarse al pago del servicio de la deuda pública.
Cambiar esta realidad solo es posible con una profunda reforma en la estructura fiscal del país, que por lo visto no se llevará a cabo en el 2019. Sin embargo, el gobierno deberá actuar con racionalidad en el manejo de las finanzas públicas, para evitar el derroche característico en un año preelectoral. Es esencial que se continúen los esfuerzos dirigidos a mejorar la calidad de la educación, mejorando el impacto de la inversión en el sector. El presupuesto destinado a salud indica que el próximo no será un año muy halagüeño. No obstante, dos acciones marcarían la diferencia. Por un lado la conclusión de los hospitales en reconstrucción y por otro, el impulso de la reforma de la Ley No. 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.
En materia institucional, el año que concluye estuvo marcado por la poca eficiencia de las instituciones en el combate a la corrupción y la impunidad. Se debe seguir demando la integración de instituciones judiciales y órganos de control independientes. Se reconoce como avance la aprobación de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. Esta deberá contribuir a fortalecer la transparencia y la democracia interna de las organizaciones partidarias. Fue positivo además, el trabajo realizado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en la selección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional.
En este nuevo año se tiene la expectativa de que la clase política contribuya a mejorar la institucionalidad en el país. El primer reto es la evaluación y selección de nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), por parte del CN. Este proceso deberá hacerse con absoluta transparencia y apego a la Constitución y las leyes. Se deberá garantizar una SCJ competente, compuesta por mujeres y hombres íntegros y con la capacidad profesional para desempeñar con independencia y eficiencia su labor. Una importante contribución lo será también la aprobación de la nueva ley del régimen electoral, de forma tal que se pueda garantizar un proceso electoral con equidad, libertad y transparencia.
