La Cámara de Diputados avanza un proyecto de ley que busca designar con el nombre del doctor Salvador Jorge Blanco la Avenida Circunvalación Norte de Santiago, su provincia natal. La iniciativa, impulsada por el legislador del PRM Jorge Hugo Cavoli Balbuena, es propicia para reabrir un debate entre la reivindicación histórica del expresidente y el discurso de tolerancia cero que caracteriza al partido que heredó el liderazgo del PRD histórico, construido en gran medida sobre la denuncia de este mal.
La figura de Jorge Blanco se mueve entre la memoria, la justicia y el precio del olvido. Fue presidente de la República entre 1982 y 1986. Abogado, catedrático, escritor, de amplia cultura y cautivante oratoria, fue un actor relevante en la transición democrática post-trujillista y uno de los principales promotores de las libertades públicas. Su imagen de padre y esposo ejemplar, junto a su trayectoria profesional y su apuesta por una campaña electoral moderna, le permitieron llegar al solio presidencial pese a un carisma más bien limitado, el mismo que no había sido óbice para ocupar una curul en el Senado representando al Distrito Nacional (1978-1982).
Se distanció del liderazgo político nacional con un discurso centrado en una frase lacerante: “manos limpias”. Su audaz comunicación infería que emplazaba dos supuestos: las manos ensangrentadas de los doce años de balaguerismo y las manos manchadas por “el lodo de la corrupción” del gobierno de su compañero de partido, Antonio Guzmán.
Sin embargo, su gestión enfrentó una severa crisis económica —había dicho que heredó la peor en cincuenta años—, devaluación del peso, protestas sociales, rechazo a un acuerdo con el FMI y la famosa “poblada” de 1984. Al dejar el poder, fue acusado de corrupción, principalmente por irregularidades en compras de las Fuerzas Armadas. Se convirtió en el único exmandatario dominicano sometido a juicio por estos cargos. Su proceso, conocido como “el juicio del siglo”, terminó con una condena a 20 años de prisión en 1988, ratificada en 1991. En 2001, la Corte de Apelación anuló definitivamente la sentencia tras el desistimiento del entonces presidente Hipólito Mejía.
Para sus seguidores, fue víctima de una persecución política; para sus críticos, un símbolo de impunidad. Hoy, sus antiguos compañeros y seguidores argumentan que los casos posteriores validan en parte su denuncia de entonces, y promueven la designación de espacios públicos con su nombre como un “acto de justicia histórica”.
En paralelo, el país vive una fuerte narrativa de tolerancia cero a la malversación de fondos públicos, la misma que ayudó al PRM a llegar al poder. Nombrar una avenida importante a un expresidente que fue condenado —aunque luego absuelto— genera incomodidad en sectores que temen enviar un mensaje de normalización.
El proceso para nombrar esta vía con su nombre ha sido relativamente silencioso, lo que genera sospechas sobre su oportunidad y posible rechazo o indiferencia, especialmente entre las generaciones más jóvenes formadas bajo el discurso contra la impunidad.
