La lucha contra la corrupción constituye una de las principales demandas de las sociedades democráticas. Ningún país puede aspirar a un desarrollo sostenible cuando los recursos públicos son desviados o utilizados en beneficio de intereses particulares. Sin embargo, tan importante como perseguir la corrupción es garantizar que los procesos judiciales se desarrollen con independencia, transparencia y respeto al debido proceso. La legitimidad de cualquier política anticorrupción depende de que la ciudadanía perciba que la justicia actúa sin favoritismos ni selectividad. Cuando surgen dudas sobre el uso político de los expedientes judiciales, la confianza pública se resiente.
