El conflicto por el traslado forzoso de un juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de una sala a otra, de las tres que existen en el alto tribunal, ahora ha llegado hasta los tribunales.
El juez Moisés Ferrer Landrón interpuso una acción de amparo de extrema urgencia ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) para que su traslado desde la Tercera Sala de la SCJ a la Segunda Sala quede sin efecto.
Con esta acción, Ferrer Landrón busca su reposición inmediata como titular de la Tercera Sala, pues indica fue cambiado sin su consentimiento.
A través de sus abogados, explicó que con lo dispuesto por el presidente de la SCJ, Luis Henry Molina, se transgreden sus derechos fundamentales, la inamovilidad en el cargo y la independencia judicial, que dijo están previstos en la Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y, que además, es una violación a precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional (TC) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Es por esto, que solicita, además, que se ordene al Pleno de la SCJ y a su presidente, abstenerse de promoverlo en lo inmediato o en el futuro, a cualesquiera otras salas de esa Alta Corte.
Denuncian arbitrariedad
En el documento, los abogados del magistrado indicaron que Luis Henry Molina actuó con “absoluta arbitrariedad y antijuridicidad”. “No importando la inamovilidad del cargo, la independencia judicial y, como si fuera poco, aquellas garantías que forman parte del derecho fundamental a la buena”, precisaron.
Manifestaron que el traslado de Ferrer Landrón se produjo no obstante su firme y categórica oposición, expresada a través de comunicaciones, así como actos de alguacil notificados al Pleno y a su presidente.
“Y esto supone llevarse de encuentro, además, otros principios… la seguridad jurídica, la buena fe y la confianza legítima”, dijeron.
