El año 2025 quedará registrado como uno de los episodios más sombríos de la vida institucional de la República Dominicana. No por un hecho aislado, sino por la convergencia de tres procesos corrosivos que, al interactuar, han erosionado los cimientos mismos del Estado social y democrático de derecho.
La infiltración del dinero ilícito en los partidos políticos no es un problema marginal ni coyuntural. Es una amenaza estructural. Cuando el narcotráfico financia campañas, condicionar candidaturas o capturar espacios de decisión, el principio de representación se vacía de contenido. Una democracia financiada por dinero criminal no es una democracia imperfecta; es una democracia secuestrada.
A este deterioro institucional se suma un proceso de endeudamiento público que avanza con ritmo acelerado, sin que exista una correlación clara, verificable y sostenible entre el aumento de la deuda y mejoras sustantivas en la calidad de vida de la población. Más inquietante aún es la proyección oficial que anticipa pagos cercanos a los mil millones de dólares anuales solo en intereses hacia el año 2050. No se trata de una cifra abstracta: es una carga que hipoteca el futuro de los dominicanos.
En el plano de la corrupción administrativa, el panorama es alarmante. Particular gravedad revisten las informaciones relativas al Seguro Nacional de Salud (SENASA), una institución llamada a proteger a los sectores más vulnerables. Cualquier irregularidad en la gestión de la seguridad social trasciende el ámbito administrativo o penal: constituye una afrenta directa al derecho fundamental a la salud, a la dignidad humana, y, a la confianza de millones de ciudadanos que dependen de ese sistema para sobrevivir.
A ello se suma otro fenómeno que revela con crudeza la distorsión en la gestión del gasto público:
“festival de alquileres” por sumas millonarias. Casos como los de las ambulancias de la DAEH, así como los contratos recurrentes en OGTIC, INTRANT, Pasaportes y otras entidades, muestran un patrón preocupante. Año tras año, recursos públicos se diluyen en contratos temporales que no generan activos, y no fortalecen al Estado.
En síntesis, el año que concluye puede calificarse, sin exageración, como desastroso para la institucionalidad, la calidad de la democracia y la lucha contra la corrupción administrativa. No se trata de fatalismo ni de retórica alarmista. Se trata de reconocer que cuando la política se contamina, la deuda se acelera sin retorno social y la corrupción se normaliza, el panorama es sombrío.
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