Argumentos sin ética

En la universidad, como en la vida pública, suele admirarse a quien domina una materia con sólidos argumentos. Pero, al respecto, nos preguntamos: ¿el dominar una materia o área del conocimiento le da autoridad, por sí solo, al docente o al político para enseñar, persuadir o señalar el camino a los demás?

No es que una persona moralmente cuestionable no pueda formular un argumento correcto, la lógica no depende de las virtudes del orador. Un razonamiento puede ser válido aun cuando quien lo expone no tenga una vida ejemplar. Sin embargo, la universidad, la política y toda actividad orientada a formar conciencias exigen algo más que destreza intelectual. Exigen credibilidad, y ésta tiene una sólida base moral. Es, afirman algunos, imposible ser un profesional excelente si antes no se es una buena persona.

Aristóteles, en la Retórica, sostuvo que la persuasión descansa sobre tres pilares: el logos, que representa la fuerza racional del argumento; el pathos, dirigido a las emociones del auditorio; y el ethos, que expresa el carácter del orador. Es decir, el carácter es elemento esencial de la persuasión. Quien inspira confianza debe demostrar prudencia, honestidad y rectitud, lo cual lo hace acreedor de una autoridad que ningún artificio retórico puede reemplazar. En la “Ética a Nicómaco” añadió que la virtud no consiste únicamente en conocer el bien, sino en practicarlo de manera habitual. El saber y el ser no son categorías independientes.

La filosofía contemporánea llegó a conclusiones semejantes. Jürgen Habermas, fallecido en marzo del año en curso, explicó que el diálogo público solo puede aspirar a la legitimidad cuando quienes participan actúan con sinceridad, disposición al entendimiento y respeto por la verdad. La ética del discurso no convierte a los interlocutores en personas perfectas, pero sí les exige honestidad intelectual. Sin ella, el debate degenera en un simple ejercicio de poder verbal y de trucos retóricos.

La universidad debería ser el primer espacio donde esta exigencia resulte innegociable. Los títulos certifican conocimientos, no virtudes. Pues esa evaluación corresponde a la conducta cotidiana, al respeto por los demás, a la capacidad de reconocer errores y a la coherencia entre lo que se enseña y lo que se practica.

Lo mismo ocurre en la política. Las sociedades democráticas necesitan dirigentes capaces de argumentar, pero, sobre todo, personas cuya trayectoria otorgue peso moral a sus palabras.

Por eso conviene desconfiar de quienes pretenden erigirse en jueces permanentes de los demás mientras rehúyen el examen de su propia conducta. La superioridad intelectual, real o supuesta, nunca compensa las carencias éticas. El conocimiento puede convertir a alguien en un experto, pero solo la rectitud moral puede convertirlo en un referente.

La universidad debe formar ciudadanos capaces de unir inteligencia con decencia, razón con responsabilidad e integridad. Porque el verdadero prestigio académico no se mide solo por lo que una persona conoce y por la forma en la que lo expresa, sino, sobre todo, por la forma en que decide vivir aquello que enseña. Pues, parafraseando a la vieja Lidia, mi madre, la decencia no se compra en botica.
¡He dicho!