Lula ganó otra vez y parece decidido a gobernar también el futuro digital del Brasil. Su nuevo mandato llega con una promesa que suena menos a campaña y más a manual de soberanía digital: regular plataformas, atraer centros de datos, desarrollar inteligencia artificial brasileña y reducir la dependencia tecnológica de Estados Unidos y China, principalmente motivado por lo que, denunció, las acciones de plataformas y servicios digitales en contra de su campaña para favorecer a su contrincante, ahora en EEUU.
Brasil juega en otra liga regional: el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2026 de la CEPAL señala que concentra casi nueve de cada diez GPU consideradas en América Latina y el Caribe y más del 90% de la capacidad de procesamiento regional. Además, posee unas 21 millones de toneladas de reservas de tierras raras. Es decir: tiene electricidad, territorio, minerales, mercado y músculo de cómputo.
Lula quiere convertir todo eso en poder: el plan incluye centros de datos «con salvaguardas ambientales», mecanismos de «transparencia algorítmica», trazabilidad de contenidos generados por IA y remuneración por materiales usados para entrenar modelos. Traducido al castellano de barrio: si el algoritmo decide, alguien deberá explicar por qué.
Hasta aquí, maravilloso; el problema empieza cuando el mismo gobierno que quiere domesticar a las plataformas anuncia que utilizará más comunicación digital para hablar directamente con la ciudadanía y evitar intermediarios. O sea, regular al monstruo mientras se reserva un asiento cómodo sobre su espalda.
Ahí nace el Lulaverso: un Brasil que quiere sus propios modelos, sus propios centros de datos, reglas propias y suficiente distancia de Silicon Valley y Pekín. Puede salir bien, también puede terminar creando una burocracia capaz de exigirle transparencia al algoritmo mientras nadie entiende el formulario para solicitarla.
Pero la discusión importante está ahí: la inteligencia artificial ya no es solamente asunto de programadores y señores con hoodie. Ahora es infraestructura, industria, energía, minerales, educación, impuestos, soberanía y poder. Mientras algunos gobiernos todavía discuten si ChatGPT sirve para hacer tareas, Brasil está preguntándose quién controlará la máquina, dónde se almacenarán los datos y quién cobrará por alimentar al modelo.
La pregunta incómoda es ¿necesita tu país una avanzada regulatoria tecnológica como la que pretende hacer Lula? O quizá convenga esperar. Total, siempre podemos regular cuando ya no controlemos nada.
