Se instaló el debate sobre la legalidad de la declaratoria de emergencia de las compras y contrataciones de bienes, servicios y obras del sistema eléctrico. Dicen los críticos que es extraño porque este tipo de declaratoria se reservaba para desastres naturales, pandemias y cuestiones muy inesperadas atinentes a la seguridad nacional. Una de las objeciones al decreto 517-25 es que por presiones coyunturales se intente apaciguar una crisis que es fruto de la imprevisión y de no haber afrontado a tiempo tareas ya programadas. Leguleyos y avezados analistas de pacotilla opinan que esta declaratoria de emergencia la precipita la irritación que generan los apagones. O sea que el Gobierno tiene también su urgencia y busca desesperadamente una salida de emergencia a una situación que se “come” sus niveles de popularidad.
