En días recientes, el Ministerio de Hacienda anunció la intención de acelerar la inversión pública y remover trabas que afectan la inversión privada. Que el planteamiento provenga precisamente del órgano rector de las finanzas públicas le otorga un peso particular, pues es desde allí donde se define el equilibrio entre disciplina fiscal y expansión del gasto de capital.
Las críticas no han sido menores. Desde algunos sectores se ha señalado, por ejemplo, que en 2025 el presupuesto contempló 207,751 millones de pesos para gasto de capital, equivalentes a 2.6 % del PIB, y que al cierre del año quedaron sin ejecutar 12,983 millones. Para 2026, el monto aprobado asciende a 215,285 millones, alrededor de 2.5 % del producto. Desde la oposición se ha interpretado esto como una señal de estancamiento en la inversión pública.
Frente a ese escenario, la propuesta de acelerar responsablemente la ejecución y reformular el presupuesto para añadir entre medio punto y un punto del PIB en inversión representa un giro que merece atención. No se trata solo de cifras, sino de la capacidad de transformar asignaciones en proyectos concretos que impacten infraestructura, empleo y competitividad.
El contexto económico añade relevancia al debate. El Indicador Mensual de Actividad Económica mostró en enero de 2026 una expansión interanual de 3.5 %, con la construcción creciendo 7.6 %, apoyada en mayor ejecución de capital y en la reactivación privada. Manufactura local avanzó 3.4 % y los servicios 3.5 %, en medio de un entorno internacional marcado por incertidumbre geopolítica y ajustes comerciales.
Si la construcción lidera el dinamismo, resulta evidente que la inversión pública tiene un efecto multiplicador. Pero también lo tiene la inversión privada, para la cual se han anunciado medidas orientadas a eliminar impuestos considerados anacrónicos, automatizar exenciones y agilizar procesos mediante factura electrónica y mecanismos de control más modernos.
La economía dominicana ha demostrado que es fuerte, pero el crecimiento sostenible requiere coherencia entre discurso y ejecución.
Acelerar la inversión, corregir ineficiencias y garantizar estabilidad macroeconómica no son metas excluyentes. Por el contrario, son condiciones necesarias para consolidar la confianza y sostener el ritmo de expansión en un entorno global cambiante.
