La educación aporta una contribución esencial a la construcción de sociedades inclusivas y democráticas, en las que las diferencias de opinión pueden expresarse, en busca de cohesión social y celebrando la pluralidad. Por ello, la Constitución dominicana en el artículo 63 consagra el derecho a la educación, y se estipula que: “Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones”; en el numeral 1 de dicho artículo se considera que: “1) La educación tiene por objeto la formación integral del ser humano a lo largo de toda su vida y debe orientarse hacia el desarrollo de su potencial creativo y de sus valores éticos. Busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura”; lo que deja claramente erigido que el derecho a la educación es un derecho fundamental y humano indispensable para el ejercicio de otros derechos humanos.
El ejercicio de dicho derecho es tan inclusivo como sus creadores lo hacen. El sistema educativo y sus contextos pueden ser creadores de desventaja, que aparece cuando no se tienen en cuenta las necesidades de las personas. Así pues, la inclusión en la educación consiste en velar por que cada educando se sienta valorado y respetado, y pueda disfrutar de un claro sentido de pertenencia. Sin embargo, muchos obstáculos se yerguen en el camino hacia ese ideal. Estos mecanismos de exclusión son esencialmente los mismos, independientemente del género, la ubicación, la riqueza, la discapacidad, el origen étnico, la lengua, el encarcelamiento, la religión, así como otras creencias y actitudes.
El constituyente dominicano consagró como parte de los deberes fundamentales establecido en el artículo 75, numeral 8: “Asistir a los establecimientos educativos de la Nación para recibir, conforme lo dispone esta Constitución, la educación obligatoria”.
Nunca había sido tan crucial convertir la educación en un derecho universal y una realidad para todos. Nuestro mundo en rápida mutación se enfrenta constantemente a desafíos considerables, que tendrán repercusiones en los próximos decenios. La pandemia de COVID-19 ha evidenciado y ahondado aún más estas desigualdades, así como la fragilidad de nuestras sociedades. Más que nunca, tenemos la responsabilidad colectiva de apoyar a los más vulnerables y desfavorecidos, contribuyendo a subsanar las brechas sociales persistentes que amenazan nuestra humanidad común.
Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO considera que: “Es indispensable avanzar hacia una educación más inclusiva si queremos estar a la altura de los desafíos de nuestro tiempo. Quedarse de brazos cruzados no es una opción”.
António Guterres refiriéndose al cierre prolongado de las escuelas provocado por la pandemia en todo el mundo, expresó que: “Nos enfrentamos a una catástrofe generacional que podría desperdiciar un potencial humano incalculable, minar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades arraigadas”, y la COVID-19 solo ha venido a agudizar la crisis educativa que ya vivía el mundo antes de esta.
La educación a distancia, con clases por radio, televisión y en línea, deja a muchos alumnos atrás, un especial riesgo que sufren aquellos con discapacidades, de comunidades desfavorecidas y los que viven en zonas remotas del país.
El derecho a la educación debe de ser un compromiso político del Gobierno, quien debe respetar, proteger y hacer cumplir este derecho, más allá de que dicha educación sea gratuita y obligatoria. Por tanto, es preciso que exista igualdad de oportunidades, acceso universal a la enseñanza y criterios de calidad de aplicación obligatoria, logrando así, una educación de calidad, la cual tiene por objeto el desarrollo completo de los seres humanos.
