Servio Tulio Castaños Guzmán
Vicepresidente Ejecutivo FINJUS
La trayectoria reciente de la República Dominicana sugiere que el Estado ha desarrollado una capacidad relevante para reaccionar ante emergencias, pero aún presenta limitaciones importantes cuando se trata de gestionar crisis prolongadas de manera estructurada y sostenida. Esta distinción es clave, porque reaccionar implica responder al impacto inmediato, mientras que gestionar una crisis prolongada requiere anticipación, coordinación sostenida, institucionalización de políticas y resiliencia fiscal y social en el tiempo.
Durante la pandemia del COVID-19, por ejemplo, el país logró implementar con relativa rapidez programas de apoyo como FASE y Quédate en Casa, articulados desde la Presidencia de la República Dominicana y ejecutados con el soporte del Ministerio de Hacienda. Estas medidas permitieron amortiguar el impacto inicial sobre el empleo y los ingresos, y fueron ampliamente reconocidas por su rapidez de implementación en comparación con otros países de la región. Sin embargo, esa respuesta estuvo basada en condiciones excepcionales: un acceso relativamente favorable al financiamiento internacional, un incremento significativo del endeudamiento público y la adopción de políticas transitorias que no necesariamente se tradujeron en la consolidación de sistemas permanentes de protección social o estabilizadores automáticos robustos.
Una lógica similar se observó en la explosión de San Cristóbal. La reacción inicial fue rápida, organismos de emergencia, fuerzas de seguridad y autoridades locales actuaron con inmediatez. No obstante, cuando la crisis avanzó hacia etapas más complejas como la atención sostenida a las víctimas, la reconstrucción, la definición de responsabilidades y la coordinación interinstitucional, se hicieron visibles importantes debilidades. Esto refleja un patrón recurrente, el Estado dominicano suele responder con eficacia en el corto plazo, pero enfrenta dificultades para sostener esa respuesta bajo un enfoque integral.
Gestionar una crisis prolongada requiere instituciones que no dependan exclusivamente de decisiones improvisadas o de la voluntad política coyuntural. Implica contar con marcos normativos claros, capacidades técnicas consolidadas y mecanismos de coordinación que funcionen de manera automática y no excepcional. Aunque el país ha avanzado en áreas específicas, todavía no ha consolidado plenamente una arquitectura institucional orientada a la gestión integral del riesgo. La dependencia de subsidios como herramienta de contención, la presión creciente sobre las finanzas públicas y la alta exposición a choques externos en sectores como energía, turismo y remesas muestran que la resiliencia nacional sigue acompañada de una vulnerabilidad estructural importante.
Más que afirmar que el Estado dominicano no está preparado, lo correcto sería decir que su preparación es asimétrica, pues puede ser fuerte en reacción, pero débil en sostenibilidad. La transición hacia un modelo más robusto exige pasar de políticas reactivas a estrategias preventivas, fortalecer la planificación de mediano plazo y consolidar instituciones capaces de operar coordinadamente bajo presión.
En ese contexto, la principal debilidad institucional no parece ser la falta de capacidad técnica, sino la dificultad de coordinación entre los distintos órganos del Estado. La República Dominicana cuenta con instituciones que, de manera individual, han demostrado resultados importantes. El Banco Central, por ejemplo, ha mantenido una alta credibilidad en la conducción de la política monetaria, gestionando presiones inflacionarias y contribuyendo a la estabilidad económica. La Dirección General de Contrataciones Públicas también ha impulsado avances relevantes en transparencia y regulación de compras públicas.
Sin embargo, estas fortalezas sectoriales no siempre se traducen en resultados sistémicos. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo tiene la responsabilidad de formular estrategias nacionales, pero su capacidad de incidir depende de la alineación de múltiples instituciones que operan con distintos incentivos y niveles de autonomía. Esta fragmentación genera una brecha entre diseño e implementación, políticas técnicamente sólidas pierden efectividad porque no se ejecutan de forma integrada.
Incluso en espacios donde la coordinación ha sido exitosa, como el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, se trata de modelos que no han sido replicados ampliamente. El 911 demuestra que es posible articular múltiples instituciones bajo protocolos claros, objetivos comunes y una lógica operativa compartida. Sin embargo, esa misma cultura de coordinación no se ha extendido con suficiente fuerza a la gestión económica, social o territorial.
La misma fragmentación aparece en la capacidad de respuesta frente a choques económicos y sociales. Existen ejemplos claros de resiliencia sectorial. El Banco Central en política monetaria, el Ministerio de Turismo en la recuperación acelerada del sector turístico tras la pandemia, y el Consejo Nacional de Zonas Francas en la sostenibilidad del dinamismo exportador. No obstante, estas respuestas exitosas suelen operar como esfuerzos aislados y no como parte de una estrategia nacional articulada.
La ausencia de un mecanismo central que integre política fiscal, monetaria, social y productiva limita la posibilidad de enfrentar crisis multidimensionales de forma coherente. La gestión de subsidios energéticos, por ejemplo, involucra al Ministerio de Energía y Minas y al Ministerio de Hacienda, pero no siempre está alineada con objetivos fiscales de mediano plazo ni con una estrategia clara de transición energética. Esto genera tensiones entre la necesidad de proteger a la población en el corto plazo y la sostenibilidad financiera del Estado en el largo plazo.
A ello se suma la falta de sistemas integrados de información y la limitada interoperabilidad entre instituciones, lo que dificulta la toma de decisiones basada en evidencia y favorece respuestas tardías, duplicación de esfuerzos y uso ineficiente de recursos.
Ninguna estrategia de resiliencia puede sostenerse sin reglas claras, seguridad jurídica y confianza institucional. Estos elementos son la base sobre la cual se construyen las decisiones de inversión, producción y consumo en cualquier economía moderna. En contextos de incertidumbre global, los agentes económicos priorizan entornos donde exista previsibilidad y estabilidad en la aplicación de las normas.
En la República Dominicana, aunque se han logrado avances importantes en estabilidad macroeconómica, persisten desafíos institucionales que afectan la percepción de riesgo país. El Poder Judicial desempeña un rol central en la garantía de la seguridad jurídica, pero enfrenta retos vinculados a la duración de los procesos, la ejecución de sentencias y la consistencia en la aplicación de criterios. Estas limitaciones no solo afectan la resolución de conflictos, sino también la confianza de los inversionistas y el costo del financiamiento.
La evidencia internacional demuestra que los países más resilientes son aquellos que cuentan con instituciones sólidas y confiables. La confianza institucional reduce la volatilidad y facilita la implementación de reformas difíciles, como ajustes fiscales o transformaciones estructurales. Sin ella, incluso las políticas técnicamente correctas pueden fracasar por falta de legitimidad social y política.
Por eso, la resiliencia sin institucionalidad no es verdadera resiliencia, sino apenas una forma de resistencia temporal. La resiliencia implica adaptación, fortalecimiento y sostenibilidad, la resistencia solo posterga los efectos de la vulnerabilidad. En consecuencia, fortalecer las reglas del juego, garantizar su cumplimiento y construir confianza en las instituciones no es un complemento de la política económica, sino una condición indispensable para su éxito duradero.
