A pesar de denuncias sobre personas que se dedican a la prostitución y presuntas agresiones por parte de agentes policiales a trabajadoras sexuales, esta semana una decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) confirma algo que hemos explicado antes: La prostitución no está sancionada por las leyes dominicanas. Los que se benefician de la prostitución, es decir, los proxenetas, sí podrían ser sujetos de sanción judicial de acuerdo al artículo 334 del Código Penal Dominicano.

Se trata de la decisión de la Sala Penal de la Suprema que surge a raíz del caso Pasión Night Club de Santiago, un proceso por el que fue cerrado ese centro de diversión para adultos y sus dueños imputados por proxenetismo y lavado de activos.

Por lo anterior, someter a la Justicia a quienes utilicen los servicios de las trabajadoras sexuales tampoco tiene asidero legal en nuestra legislación.

Muy distinto sería si se tratase de erradicar las prácticas y redes de tráfico ilícito de personas y la forzada explotación sexual internacional, acciones que sin dudas constituyen delitos castigados penalmente, a diferencia de la prostitución.

Pero sobre el trabajo sexual por elección y libre voluntad, que no es ilegal, hay que entender que las causas de su existencia tienen raíces sociales muy profundas que nada tienen que ver con el derecho y que no desaparecerán, por ende, con persecuciones legales.

La falta de oportunidades laborales y académicas, el hambre, la urgencia de mantener sus hijos y las condiciones de la pobreza extrema son solo algunos de los factores que llevan a muchas mujeres a elegir un oficio que, distinto al mito, casi siempre les resulta muy desagradable mas no encuentran mejores alternativas. Y aunque es imprescindible que se ejecuten planes para combatir estos problemas, requiere firme decisión, concienciación adecuada y mucha paciencia. Una forma interesante de manejar la situación puede ser analizar propuestas de creación de zonas de tolerancia. Aceptando que la prostitución es algo que existe y no va a desaparecer por ahora, se puede disponer un control sanitario para proteger a las trabajadoras sexuales y sus clientes de enfermedades, establecer lugares puntuales para así evitar que se afecten lugares históricos y turísticos, disponer seguridad adecuada en esos lugares y ofrecer cursos gratuitos para que tengan la oportunidad de aprender otras cosas y eventualmente salir del negocio.

Sin perder de vista el “deber ser”, la forma más realista de abordar los problemas es a partir de “lo que es”. Solo así se pueden encontrar soluciones. El resto es utopía.

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