La elección de cualquier organismo levanta ambiciones, unos por servir, otros por el empleo y otros porque responden a grupos de interés.
Con un nuevo gobierno, que logró una importante mayoría en los organismos de decisión, es lógico que se aboquen a sustituir muchas de las estructuras del Estado, las cuales, algunas podían tener hasta dieciséis años sin cambio.
Para muchos, la conformación de la Junta que termina su periodo, al momento de ser elegida, por lo menos en mi caso, despertó mucha confianza. Compuesta por personas reconocidas, abogados de mucha experiencia, aunque siempre dije que faltaba equilibrio porque luego de haberse constituido el Tribunal Superior Electoral, la JCE debía tener en su composición gerentes y técnicos, capaces de desarrollar con eficiencia un proceso que por su organización es difícil y se torna mucho peor por los miles de intereses que fluyen a su alrededor.
Como muchas de las cosas de nuestro país, cada elección de un nuevo grupo a ese importante órgano electoral trae consigo nuevas tecnologías, compras de equipos altamente costosos y muchas veces, compras criticadas por la falta de transparencia o por pliegos de licitación que limitan multiplicidad de ofertantes.
En este caso fue la implementación del voto electrónico. Criticado por países mucho más desarrollados que nosotros por la fragilidad que representa el sistema ante posibles manipulaciones tecnológicas.
Desde el principio, la sociedad, con razón o sin ella, definió a qué partido o persona respondía cada uno de los cinco miembros titulares. Uno de ellos llegó al extremo de expresar términos muy positivos sobre un político muy importante con los cuales sin razón o con ella selló los cuatro años de su gestión como un juez parcializado.
En octubre del año pasado la JCE cometió su primer gran error para perder credibilidad. Intervino en las elecciones primarias de los partidos, decidió hacerlas con el nuevo sistema electrónico y a pesar de la solicitud de muchos, nunca realizó una auditoria al sistema.
Las primarias fueron cuestionadas por un candidato del partido oficial que con insistencia reclamaba la auditoria previa a las primarias. Luego, en una acción que, como muchas, nunca fueron explicadas, se inició el conteo antes de cerrar los colegios y en algunos lugares se votó hasta entrada la madrugada “por el entusiasmo que existía”, de acuerdo con el presidente del organismo.
Todo este preámbulo es para llegar al punto de que dos de las juezas, Altagracia Graciano de los Santos y Carmen Imbert Brugal, se postulan para repetir para el periodo 2020-2024.
Con diferentes matices, pero básicamente diciendo lo mismo, ambas estaban ajenas a lo que aconteció, no sólo en octubre, en febrero y durante todo el proceso.
No hubo una sola reclamación a los partidos por el uso excesivo de los recursos. El ex presidente Danilo Medina dijo que esta pasada campaña electoral fue la más costosa de la historia.
Esa ha sido siempre una queja de la sociedad, los millones y millones que nos cuestan los partidos, parece no tener límite, porque aún cuando existen leyes que limitan gastos y contribuciones, como muchas otras, terminan en letras muertas.
Elegir de nuevo a cualesquieras de los miembros que terminan su periodo es volver a traer los fracasos, pero, peor aún, ambas juezas frente a las críticas y su deseo de ser confirmadas dicen que no estaban presentes o no fueron consultadas frente a decisiones de enorme importancia en el desarrollo del accidentado proceso.
Eso no lo dice mi buen amigo Juan Bolívar Díaz, que afirma que frente al fracaso del voto electrónico fue mucha la insistencia de una jueza titular para que se votara en los municipios pequeños de forma manual porque eso podría beneficiar a un determinado partido.
Lo cierto es que la sociedad y el partido de gobierno coinciden en que ninguno de los miembros debe ser o haber sido militante de un partido político. ¿Descarta esta militancia la seriedad de una persona? Definitivamente no, puede ser tan bueno como un independiente, porque al fin y al cabo no hay nadie que pueda decir que no tiene simpatía por algún candidato.
El problema de fondo está que llevar un candidato relacionado a un partido político traerá como resultado que los demás partidos exijan lo mismo y tendremos de nuevo una JCE donde cada uno de sus miembros la sociedad los catalogue como que responden a un determinado interés, partido o candidato.
A las dos postulantes a repetir, son tantas las preguntas sin respuestas que tiene la sociedad, ¿Dónde está el informe de la firma española? ¿Por qué la negación a las auditorias de los equipos electrónicos? ¿Por qué nunca exigieron que los partidos se acogieran a gastar lo que dice la ley? ¿Nunca reclamaron a partidos o candidatos haber iniciado campañas antes de tiempo? ¿La igualdad en el uso de los medios de comunicación? ¿Las quejas por campañas en horas de toque de queda? ¿El uso de los medios del Estado?
Si me preguntan, de esa Junta sólo debe quedar el recuerdo y ojalá algún día las respuestas que nunca dieron. El Senado tiene una enorme responsabilidad en escoger una Junta que no nos cueste tanto, que logren organizar las elecciones del 2024 sin los traumas que esta que se va nos causó.
