Cuando internet comenzó a integrarse a la educación, el empleo, la banca y los servicios públicos, apareció una nueva forma de desigualdad, la famosa brecha digital, tan popular entre 2004 y 2015. Tener una computadora o conexión pasó a determinar quién podía estudiar, producir, informarse o completar un trámite. Con la inteligencia artificial ocurre algo parecido, aunque el riesgo de exclusión puede ser mayor. Ahora importan la calidad del dispositivo, la velocidad, las habilidades, los datos disponibles y la capacidad para cuestionar una decisión automatizada.
Esta transformación obliga a repensar la pobreza. Los ingresos siguen siendo una medida necesaria, pero no explican por sí solos la capacidad de una persona para participar en la economía o acceder a servicios. Una familia puede vivir cerca de un hospital y no tener transporte accesible. Puede disponer de cobertura móvil y carecer de un equipo que permita estudiar. Puede tener una cuenta bancaria y no completar una verificación digital.
La pobreza también se expresa en tiempo perdido, distancia, falta de información, dependencia de terceros y ausencia en las bases de datos utilizadas para decidir. Dicho de otro modo, conforme la IA y otras tecnologías ocupan espacios en las decisiones, la invisibilización es mucho más grave en países como el nuestro. El reporte AI in Public Service Design and Delivery, de la OECD, indica que cerca del 67 por ciento de sus países miembros utiliza IA en alguna función de los servicios públicos. Public Sector Tech Watch: Mapping Innovation in EU Public Services registró más de mil casos de inteligencia artificial y blockchain en salud, movilidad, justicia, seguridad y atención ciudadana.
Esto abre una ruta para diseñar políticas a partir de necesidades concretas. Un modelo puede identificar comunidades con baja cobertura, prever demanda médica, localizar puntos donde faltan rampas o ajustar rutas de transporte. En Improving the Spatial Accessibility of Community-Level Healthcare Service Toward the “15-Minute City” Goal in China, el tiempo de acceso a servicios de salud pasó de 18.3 minutos a valores cercanos a diez minutos en escenarios de optimización. La cobertura inicial dentro del umbral de 15 minutos era de 39.6 por ciento.
La misma lógica puede aplicarse a la movilidad de personas con discapacidad. Assistive Navigation Technologies for Inclusive Mobility revisó 6,966 registros y seleccionó 24 estudios. Las aceras aparecieron en el 96 por ciento de las investigaciones, las rampas en el 63 por ciento y los rebajes de bordillo en el 54 por ciento.
Investigating the Availability of Wheelchair-Accessible Exits of Urban Rail Transit Stations analizó 749 estaciones y 3,360 salidas. Utilizar una salida accesible podía generar un desvío promedio cercano al 74 por ciento. Una infraestructura declarada accesible puede continuar imponiendo tiempo, distancia y esfuerzo.
El riesgo aparece cuando estas herramientas se diseñan desde la experiencia de un usuario promedio. Las personas mayores pueden enfrentar procesos de autenticación o cambios constantes en las plataformas. Las poblaciones rurales pueden quedar fuera por falta de conectividad, dispositivos o servicios cercanos. Las personas con discapacidad pueden encontrar portales incompatibles con lectores de pantalla, rutas que omiten obstáculos o asistentes que dependen de imágenes.
La República Dominicana refleja esa tensión. El Government AI Readiness Index 2024 otorgó al país 52.69 puntos. El pilar gubernamental alcanzó 69.04 y el de datos e infraestructura 64.27, mientras el sector tecnológico obtuvo 24.77. La diferencia indica que existen estrategia y estructuras públicas, pero la capacidad productiva, la investigación y el talento requieren inversión.
La conectividad presenta otra señal. Indotel reportó una penetración poblacional de banda ancha de 87.19 por ciento en 2023. Sin embargo, la medición de conectividad significativa situó a la región Ozama en 29.1 por ciento, al Norte en 23.9 y a Enriquillo en 7.3. La cobertura no equivale a acceso capaz de sostener educación, trabajo, trámites o uso de IA.
La Oficina Nacional de Estadística presentó datos en los que el 78.6 por ciento de la población de cinco años o más poseía teléfono móvil; la proporción fue de 79.7 por ciento en zonas urbanas y 72.4 en áreas rurales.
Entre las Mipymes, el 29.4 por ciento utilizaba internet, el 13 por ciento correo electrónico y el 2.3 por ciento terminales de pago. Es decir, la adopción de IA comienza sobre una base desigual.
La oportunidad consiste en utilizar la tecnología para reducir esa desigualdad, en lugar de convertirla en un nuevo requisito de entrada. Eso demanda canales presenciales, telefónicos y digitales; datos desagregados por territorio, edad y discapacidad; formación para ciudadanos y servidores públicos; reglas de accesibilidad; evaluación de impacto y mecanismos de reclamación.
En otras palabras, la IA puede ser una aliada potentísima para conducir a la superación de la pobreza. Pero de no hacerse con el debido cuidado, puede suponer el último clavo a la cruz de quienes viven en condiciones de vulnerabilidad.
