La SISALRIL sancionó, hace unos días, con RD$ 2,189,154 al Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González por haber negado atenciones de emergencia al exsenador Franklin Rodríguez y a Luis Thomas Graveley Hernández, heridos durante el colapso del techo del Jet Set el 8 de abril. La falta obligó a trasladarlos a otro centro. No es un tecnicismo: son minutos de vida. Y a mí sí me alegra esa multa, porque por años, clínicas privadas han tenido el relajito criminal de exigir depósitos antes de tocar a un paciente en emergencia.
Usted llega con una trombosis (como le pasó a mi tía) y, antes de mirarlo, lo mandan por caja. Y no importa si tiene seguro o no. Esa cultura choca de frente con la ley. La Constitución, en su artículo 61, reconoce el derecho a la salud y obliga al Estado a garantizar asistencia médica y hospitalaria gratuita a quien la requiera. La Ley General de Salud 42-01, artículo 28, letra b, lo aterriza: toda persona tiene derecho “a la atención de emergencia en cualquier establecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud”. Y la Ley 87-01, artículo 162, es todavía más explícita con las prestadoras: deben garantizar servicios de emergencia 24/7.
Asimismo, el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), mediante la Resolución 546-01 del 28 de junio de 2022, recordó que está prohibido exigir depósitos o anticipos a afiliados del SFS para atender emergencias. Y avisó de consecuencias: negar servicios a un usuario afiliado es una infracción grave sancionada con 200 veces el salario mínimo nacional. El mismo texto ordena a las ARS e IDOPPRIL pagar la emergencia, aunque sea fuera de red, y a la DIDA orientar a los afiliados cuando una clínica vulnere esas reglas.
Ese marco no nació ayer. La propia SISALRIL lleva más de una década regulando el tema. En 2008 y 2009 emitió resoluciones administrativas que prohíben el anticipo al afiliado y obligan a las ARS a reconocer las emergencias; en 2023 precisó que el “cobro indebido” incluye pedir depósito o anticipo al afiliado o cobrar por encima de lo pactado.
En 2022, se documentaron 128 reclamos por cobros indebidos atendidos por la DIDA en esa gestión, con llamados explícitos a cumplir las resoluciones que prohíben exigir depósitos en emergencias. En 2023, la SISALRIL multó al Centro Médico Vista del Jardín con 101 salarios mínimos por incumplimientos vinculados al SFS. Y ahora, el caso Abel González: la multa por el Jet Set cierra el círculo con víctimas y expedientes.
Cuando se consulta a ANDECLIP, el gremio de las clínicas privadas, la respuesta ha sido constante: esto es un problema de financiamiento y contratos. En 2022, su presidente, Rafael Mena, habló de un “arroz con mango” regulatorio, pidió que el CNSS cambiara su conducción y planteó que el conflicto es de negocios entre ARS y clínicas. En junio de 2025 lo dijo sin rodeos: las clínicas deben comprar medicamentos y suplir insumos y “por eso la gente debe hacer un depósito”. Esa es la mentalidad que la sanción a la clínica Abel González busca desmontar.
Mi experiencia no es estadística, pero suma a ese archivo de historias que el país conoce: un desconocido tuvo que asegurar que cubriría mis gastos cuando me dispararon y una clínica se negaba a atenderme. Mi tía murió porque tres clínicas la rechazaron. Y la lista duele. Si nos ponemos a buscar víctimas, seguro que llenaríamos el Centro Olímpico un par de veces, mucho más rápido que Bad Bunny cuando anuncia un concierto.
La cuestión aquí es que, estos casos deben seguir denunciándose y es necesario desmontar la idea de que, los pacientes deben hacer lo que digan las clínicas, únicamente porque estas son empresas. Entre el derecho de la persona y el de la empresa, siempre prevalece la persona. Y aunque ANDECLIP diga que no hace caridad, las atenciones de emergencia distan de ser una cuestión caritativa. Tienen que ver con el juramento hipocrático y con la idea de que, ninguna persona debería preocuparse por la liquidez antes de recibir atenciones básicas.
