Llevo tiempo haciéndome dos preguntas. La primera, ¿a qué se debe que las instituciones públicas firmen acuerdos entre ellas? Y la segunda, ¿cuál es el sentido de armar gabinetes sectoriales y comisiones especiales.
Ambas preguntas parten desde mi ignorancia. El síndrome del ebanista viene pasando desde distintos gobiernos, pero, hoy vamos a centrarnos solo en los últimos cinco años.
Por ejemplo, en 2020, el presidente Luis Abinader emitió el decreto 498-20, creó 10 consejos consultivos: nuestros gabinetes. Ahí había de todo. Un gabinete económico, uno social, de salud, de educación y cultura y así.
En esa ocasión, en la ebanistería se dio mucha lija. Pero, no bien habían terminado, cuando armaron otros como el de niñez y adolescencia y el de transparencia y control del gasto público.
La lista es larga y se amplía conforme avanzan los años.
Pero, a donde quiero llegar es a que, si bien es cierto que la ley 247-12 de función pública indica en el artículo 35 las atribuciones que tiene el Gobierno para crear consejos consultivos, tampoco es menos cierto que llevamos unos años dando golpes de efecto con los gabinetes. Y al final de cada rueda de prensa y decreto, uno se queda con la sensación de que se crea un consejo consultivo para asesorarse y consultarse a sí mismos.
Para comprenderlo de un modo sencillo, el Gobierno tiene una organización, especificada en las distintas leyes de la administración pública. Así, existe un consejo ministerial que se reúne periódicamente. Este organismo se compone por todos los ministros y directores.
Ahora bien, cada gestión tiene un par de herramientas que le sirven de brújula: el Plan Plurianual, las metas país, los compromisos internacionales, así como los planes e indicadores que asume cada institución.
En otras palabras, los gabinetes no solucionan una falta de instrumentos, porque de esos sí hay muchos. Sin embargo, hay un punto válido que tienen quienes defienden la existencia de los gabinetes. La estructura de ministerios aislados no garantiza la eficiencia ni la agilidad. Hasta ahí estamos completamente de acuerdo.
Pero, ¿no se supone que las instituciones de un gobierno están llamadas a ser interoperables? Es decir, la labor de una se cruza con la función de otra. Y es un fenómeno que sucede de manera natural, si se aplican los instrumentos adecuados.
Pero, convengamos en que es cierto, los gabinetes pueden aportar una perspectiva mucho más amplia en torno a un proyecto. Ya se vio lo altamente efectivo que fue el gabinete de niñez y adolescencia con el tema de la ley que prohíbe el matrimonio infantil.
Y aquí vuelven mis preguntas, si ya está esta estructura, eso no se corrige con las mesas de trabajo. Por ejemplo, la mesa de trabajo de la política de cuidados funciona bastante bien.
Luego esta la segunda pregunta, ¿por qué dos instituciones públicas (en ocasiones parte del mismo gabinete) tienen que firmar un acuerdo de colaboración? Tenemos una Estrategia Nacional de Desarrollo, los planes, las metas por temas y por sectores, con responsabilidades asignadas puntualmente a cada órgano. ¿Qué sentido tiene venir a firmar un acuerdo para algo que de todas maneras tiene que hacerse?
No pueden decir que es para la eficiencia, porque se supone que eficientizar comienza por estandarizar procesos internos. Y cuando tú optas por saltarte los procesos, generando una estructura adicional, estás abordando un tema concreto, pero dejas de lado la cuestión principal. Digamos que es como el que esconde el reguero debajo de la cama cuando alguien va a entrar en su habitación.
Pero, en el caso de los acuerdos entre instituciones públicas, a veces del mismo sector, da más risa. Es como que la nariz y los pulmones tuvieran que firmar un acuerdo para respirar.
La administración pública debe dejar de verse como si fueran las Antillas menores: un reguero de islas. Se llama la administración y no las administraciones, porque forma parte de un sistema completo, que debe articularse, sí, pero no tomando los mecanismos de articulación como si fueran fuegos artificiales.
Porque, al final del día, después de tanto gabinete, tantas comisiones y mesas técnicas y grupos de trabajo, uno se pregunta: ¿y qué ha hecho toda esta gente?
No estoy diciendo que no hagan nada. Digo que, como ciudadana, no veo esos resultados. Por último, cierro con otra pregunta: ¿No podría ser el Consejo Económico y Social una estructura única que evite consejos y acuerdos a diestra y siniestra?
Aquí tres razones básicas por las que creo que el CES puede ser un actor relevante en este sentido:
Primero, reúne a todos los sectores. Esto es algo que se resalta en los considerandos de todos los decretos de gabinetes.
Segundo, tiene una estructura de comisiones especiales y permanentes. Eso legitima su capacidad de análisis de coyunturas específicas.
Tercero, contiene técnicos de distintas áreas, lo que le permite cumplir con la demanda de asesoría en procesos puntuales.
