Pueblo, soberanía y Congreso

La Constitución afirma que “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo”, pero el pueblo no puede deliberar directamente cada ley; el ágora ya no es posible. Por esto se inventaron los “representantes” y, con el paso del tiempo, el Congreso.

Y en el Congreso pensamientos distintos, de forma civilizada, procuran lograr acuerdos para el beneficio general.

La República Dominicana adoptó desde temprano el sistema bicameral: Senado y Cámara de Diputados. Dos cámaras para un mismo país. Una representa las provincias en su totalidad; la otra, proporcionalmente, la población.

Los defensores del bicameralismo sostienen que dos cámaras obligan a pensar mejor las leyes, que una corrige los excesos de la otra, que el apresuramiento necesita siempre un segundo examen.

Pero los críticos tienen argumentos igualmente fuertes. Muchas veces ambas cámaras terminan diciendo lo mismo, obedecen los mismos intereses y aprueban, con velocidad más que sospechosa, proyectos que apenas se discuten. Recordemos la décima del Cantor del Yaque: ¡Corroboro, corroboro! Entonces surge la pregunta inevitable: ¿Existe la doble reflexión o es, más bien, doble burocracia?

En países pequeños, unitarios y relativamente homogéneos, muchos consideran suficiente una sola cámara. Centroamérica ofrece varios ejemplos: menos costo, más rapidez, menos rituales institucionales. Pero también existe el riesgo de que un solo grupo domine sin contrapesos e imponga su criterio, sin discusión, debido al poder mayoritario de la facción.

Desde fuera, el ciudadano común suele ver al Congreso distante, lento, contradictorio y muy costoso. Sin embargo, si desapareciera el vacío institucional sería llenado con algo peor: la concentración absoluta del poder en una sola mano, de lo cual hemos tenido bastante experiencia.

El viejo parlamentarismo europeo comprendió hace siglos que discutir es una forma civilizada de evitar la violencia. La palabra sustituyó a la espada y las votaciones reemplazaron conspiraciones, chismes y guerras palaciegas. Desde entonces, las cámaras legislativas son escenarios imperfectos donde la sociedad procesa sus tensiones. Como una válvula de escape.

En nuestro país, el Congreso carga además con otro desafío: ejercer control real sobre el Ejecutivo. Fiscalizar, investigar, cuestionar. No limitarse a levantar manos obedientes cuando la disciplina partidaria lo ordena. Con esto, sin dudas, se fortalecería el sistema democrático.

Al respecto, la Ley núm. 84-25 Orgánica de Fiscalización y Control del Congreso Nacional, que viene a llenar un vacío normativo de unos 15 años (Art. 115 CRD, 2010), tiene como “objeto” en su artículo 1, lo siguiente: “La regulación de los procedimientos y mecanismos de fiscalización y control político del Congreso Nacional, conforme a lo dispuesto por la Constitución de la República y los reglamentos internos de las cámaras legislativas”.

Se afirma, con mucha certeza, que “ninguna cámara será más virtuosa que la cultura política de los ciudadanos que la eligen”. Razón por la que la soberanía popular se fortalece con la vigilancia cotidiana del Congreso, exigiéndole permanente rendición de cuentas. Y con esta veeduría ciudadana se fortalece el Legislativo.

Finalmente, el Congreso que haga su trabajo y elimine gastos superfluos. El pueblo, de su lado, que fiscalice al Legislativo, que no deje de mirarlo. Y en este ejercicio ciudadano, cada cual cumpliendo sus funciones, avanzaremos.