Manolo Pichardo
Se asoma el 2026 en medio de un ambiente social cargado de luto, espanto, incertidumbre y profundas decepciones. El 2025 fue el martillo que terminó de pulverizar los altares de barro y derritió, bajo el sol de la realidad, todas las flores de plástico que la campaña electoral del 2020 repartió con profusión. Aquel proceso electoral, desarrollado en medio de un episodio pandémico global, cubrió de una indulgencia inédita al pueblo dominicano. La ciudadanía, aturdida por el miedo sanitario, cerró sus ojos para no ver y entregó un cheque en blanco a una administración que se instalaba rodeada de un aura de decencia, pulcritud y honestidad que el tiempo ha revelado como un espejismo cuidadosamente manufacturado.
Ni siquiera el histórico eslogan de «manos limpias» de Salvador Jorge Blanco —un dardo envenenado dirigido a la cara de su compañero de partido, Antonio Guzmán Fernández, para señalar las debilidades que corrompieron aquel gobierno de transición democrática— tuvo un efecto tan anestésico como el del «cambio»; consigna impulsada por la Marcha Verde, que desde su simulado papel de brazo social independiente, sirvió de ariete para derribar un modelo de gestión y sustituirlo por una farsa que hoy se desmorona.
Durante los primeros años, las promesas de campaña no se cumplían y, asombrosamente, a nadie parecía importarle. La pandemia del Covid-19 se convirtió en el biombo perfecto para acomodar la incapacidad; era el comodín que justificaba cualquier fallo. Sin embargo, el deterioro de los servicios públicos pronto se hizo inocultable: el alza constante y abusiva de la energía eléctrica, el incremento alarmante en las pérdidas de las distribuidoras, el caos burocrático en la emisión de pasaportes, la reaparición de los apagones y el deterioro progresivo del Metro de Santo Domingo. A esto se sumó el colapso del Sistema 9-1-1, que está muriendo por inanición operativa.
El país asistió, entre la perplejidad y la rabia, a una carrera desenfrenada de préstamos internacionales que, en apenas un cuatrienio, superó el endeudamiento acumulado por todas las administraciones en los 42 años anteriores. El pretexto seguía siendo el virus, pero la realidad era un gasto corriente desbocado y una ausencia total de inversión reproductiva. Para sostener esta estructura de humo, el Gobierno destinó entre 8 mil y 10 mil millones de pesos anuales en publicidad estatal. Así, en la superficie creada por el relato y cerco mediático, el pueblo vivió cuatro años de una «fachada democrática» que ocultaba una incapacidad estructural. Al principio, esta falta de pericia se confundía con la curva de aprendizaje de quien no sabe mandar, pero pronto quedó claro que no era inexperiencia, sino una carencia de proyecto nacional; por ello el 2024 comenzó a exhibir las grietas, pues un cuatrienio era suficiente para exigir resultados, especialmente cuando el virus letal ya estaba enterrado y el bolsillo ya no aguantaba más el asedio de la inflación y el desdén oficial. La campaña electoral de ese año creó las condiciones para desvelar los vicios ocultos: lo que iniciaron como «indelicadezas» administrativas se transformaron en escándalos de corrupción que escalaron hasta afectar instituciones sensibles como Senasa.
La gravedad de la situación radica en que estos hechos no son episodios aislados, sino que presentan las características de un mal estructural. Este diagnóstico es avalado, paradójicamente, por los más de 200 casos reportados por Milagros Ortiz. Pero el lodazal fue más profundo: a la corrupción administrativa se le sumaron los vínculos con el narcotráfico dentro de las filas del partido oficialista y en estamentos del propio Gobierno. Las extradiciones de legisladores y altos cargos no han sido el fruto de una profilaxis interna o de una justicia independiente local, sino el resultado de acciones de agencias extranjeras que han desnudado un crimen organizado con raíces en la campaña del 2020, cuando el derroche de dinero de la oposición superaba el uso abusivo de los recursos del Estado por parte del partido gobernante del momento.
Hoy, el techo de cristal se ha roto. La credibilidad del Gobierno se desploma al mismo ritmo que emerge el pus que intentaron tapar con propaganda y complicidades. Este escenario de desencanto colectivo ha pavimentado el camino para el crecimiento exponencial de la Fuerza del Pueblo (FP) y el liderazgo de Leonel Fernández. En este 2025, la FP ha logrado lo que muchos creían imposible en tan poco tiempo: desplazarse hacia el centro del tablero político como la principal opción de poder, dejando al PRM y a sus aspirantes presidenciales atrapados en el laberinto de sus propios fracasos y en el juicio implacable de una sociedad que ya no acepta espejitos por oro.
