El sistema carcelario dominicano se encuentra en una crisis profunda. Las cárceles, más que centros de rehabilitación, son depósitos de seres humanos, donde el hacinamiento y la falta de recursos son la norma.
Esta crisis no es actual, es tan vieja como el mismo sistema. Al respecto, no debemos buscar culpables, sino listar los problemas y buscarles posibles soluciones.
El hacinamiento es uno de los problemas más graves, las cárceles dominicanas operan muy por encima de su capacidad, lo que genera condiciones inhumanas, donde los internos carecen de espacio, higiene y acceso a servicios básicos. Además, el hacinamiento dificulta la implementación de programas de rehabilitación y reinserción social, esenciales para reducir la reincidencia.
Otro aspecto crítico es el abuso de la prisión preventiva. En nuestro país, más del 60% de los presos son preventivos. Esta medida, que debería ser excepcional, se ha convertido en la norma, lo que satura aun más el sistema penitenciario.
Para abordar estos problemas debemos crear y fomentar una verdadera cultura de resolución alterna de conflictos. La sociedad, los actores del proceso y, esencialmente, las partes, deben saber que no todo debe ir frente a un juez y que, muchas veces, frente a un árbitro o un mediador, tendrán un proceso más rápido, con menos costo y en el cual tendrán mayor control de la decisión.
Y, ya dentro del proceso, medidas alternativas a la prisión preventiva, como serían la garantía económica, la presentación periódica y el arresto domiciliario pueden ser efectivas para garantizar que los acusados comparezcan ante la justicia sin necesidad de encarcelarlos preventivamente. Estas medidas alternativas aliviarían la presión sobre las cárceles y permitirían a los acusados mantener sus vínculos familiares y laborales, reduciendo el impacto negativo de la detención.
Además, los ministerios públicos deben ser más objetivos en sus investigaciones y solicitudes. La imparcialidad y la rigurosidad en la recolección de pruebas y en la formulación de acusaciones son esenciales para garantizar un proceso justo. Los fiscales deben evitar solicitar prisión preventiva de manera automática, evaluando cada caso de manera individualizada.
Por otro lado, los jueces deben ser más cautelosos al imponer la prisión preventiva. Debieran seguir estrictamente los criterios establecidos por la ley, considerar la gravedad del delito, el riesgo de fuga y la posibilidad de que el investigado obstruya la justicia. La prisión preventiva debe ser la última opción, reservada solo para casos graves.
Finalmente, está el tema económico, imprescindible para mejorar las condiciones de las cárceles. Esto incluye mejorar la infraestructura de los centros penitenciarios, y garantizar el acceso a servicios básicos como alimentación, salud y educación. También la implementación de programas de rehabilitación y de reinserción social para que los reclusos puedan reinsertarse en la sociedad de manera productiva una vez cumplida su condena.
En conclusión, la crisis del sistema carcelario dominicano requiere de una reforma integral que aborde tanto las condiciones materiales de las cárceles como las prácticas judiciales y fiscales. Además de crear y fortalecer una cultura de solución alterna de conflictos, para garantizar de esta forma un sistema de justicia más humano, eficiente y justo.
