La salud está asociada a un estado de bienestar pleno e integral, que contempla la parte física y mental, pues de ello depende la integración del ser humano en la dinámica de la sociedad a la que pertenece.
Por su elevada morbilidad y mortandad, tradicionalmente se privilegia la salud física, desde el punto de vista preventivo y paliativo, al priorizar las enfermedades transmisibles como el VIH-Sida y la tuberculosis, sobre todo en los países pobres y en vías de desarrollo, aunque hay un reenfoque hacia las no transmisibles, en auge como efecto directo del cambio climático, del Covid-19, el sedentarismo y el estilo de vida poco saludable, es el caso de los males cardiovasculares y de las vías respiratorias.
Las enfermedades de salud mental son desde siempre un tema tabú que se aborda con pinzas por quien es consciente de que la padece, por los complejos que siente y por el estigma que crea, empezando muchas veces en el mismo entorno familiar.
Factores genéticos (hereditarios), biológicos (desbalance en algunos químicos del cerebro) y ambientales (situaciones que generan estrés y ansiedad) sirven de catalizadores para el auge de los trastornos mentales.
En el caso del factor ambiental, ponemos en contexto los resultados del primer informe del Observatorio de Salud Mental y Bienestar de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), publicado el 23 de julio de 2025, que desvela datos conmovedores relacionados con la tragedia de Jet Set, la cual dejó en la población dominicana secuelas emocionales: “depresión, ansiedad y estrés postraumático”.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión es la más común de las enfermedades mentales y es dos veces más frecuente en mujeres que en hombres, en países industrializados y desarrollados. La proyección es que los trastornos mentales y neurológicos como el Alzheimer vayan en aumento dentro de 20 años.
Las enfermedades mentales, por igual, están vinculadas al consumo de sustancias psicoactivas, en tiempos en que se normaliza el consumo y en ocasiones puede ser un referente de estatus económico y social.
Los casos aumentaron después del Covid-19, por la proliferación de infodemia, mucha de ella falsa; el aislamiento; la pérdida de seres queridos; la crisis económica que puso fin a emprendimientos y a puestos de empleo; el temor, que en algunas personas terminó en actitudes paranoicas; y la falta de seguimiento a quienes tenían una enfermedad mental preexistente o que por las circunstancias no pudieron tener un diagnóstico oportuno.
Hay segmentos más vulnerables, dentro de los que se ubican las personas no heterosexuales, los que padecen enfermedades contagiosas y las madres solteras, estas últimas por el estrés financiero, las presiones sociales y otras situaciones inquietantes derivadas de la crianza en solitario.
Lo preocupante no tan solo es lo común y predominante de las enfermedades mentales, sino la poca inversión a escala global para tratarlas. La OMS estableció que la mediana del gasto en los servicios de salud mental está a nivel mundial en 2,8 % del gasto total destinado a la salud.
En la República Dominicana ronda el 1 % y con escaso personal en los centros de salud pública, solo 600 psicólogos de 1,800 que se necesitan, según declaraciones del Dr. Carlos R. Hernández, psicólogo clínico y catedrático.
El tratamiento y las terapias privadas son insostenibles para muchos, lo que dificulta que el enfermo pueda alcanzar la estabilidad necesaria para llevar una vida lo más normal posible.
A raíz de estas debilidades, estudiosos de la conducta humana concluyen que la República Dominicana es un manicomio abierto, por la cantidad de pacientes psiquiátricos que deambulan por las calles, convirtiéndose en un riesgo para ellos mismos y para la sociedad.
La violencia y los suicidios están relacionados con las enfermedades mentales. Ambos fenómenos se mantienen en auge en nuestro país, una situación expuesta por las informaciones que cotidianamente trascienden en los medios de comunicación y comprobada en los datos estadísticos del Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior y Policía y la Oficina Nacional de Estadística (ONE). Esta última institución estableció que en 2024 se registraron 651 suicidios, un promedio mensual de 54 casos, la mayoría hombres en edad productiva.
Aunque puede considerarse un hecho aislado en este país, la tragedia que se produjo en un edificio residencial en Naco, con un saldo de una persona fallecida y otras heridas, evidenció la violencia que puede acompañar un episodio psicótico de una enfermedad mental agravada.
El lamentable evento también trae a colación como problemáticas que veíamos distante, hoy nos afectan, y confrontan el dolor ante la pérdida y el agravio, con las implicaciones legales, porque el Artículo 64 del Código Penal Dominicano establece que no existe culpabilidad de crimen ni delito para una persona que padece demencia, puesto que no tiene control de sus actos. Entonces esto abre una interrogante ¿Cómo serán resarcidos los afectados o sus descendientes, en el caso de la fallecida?
Lo acontecido amerita reflexión. Debemos como sociedad empezar a humanizar estas enfermedades, aportando más recursos para su abordaje a través de programas de salud mental con un enfoque en la prevención, que se logra con el fácil acceso a los profesionales que deben tratar estos males en la salud pública y una mayor cobertura en la salud privada, así como el diseño de campañas de concienciación orientadas a superar el estigma que genera. Solo así lograremos superar una problemática que desgasta y fustiga las sociedades en tiempos modernos, una realidad de la que no escapa nuestro país.
