Ing. Roberto Hernández Basilio
Santo Domingo, República Dominicana · 18 de julio de 2026
La Teoría de las Ventanas Rotas, formulada por Wilson y Kelling en 1982, sostiene que el desorden no atendido —una ventana quebrada, un grafiti, un desmán menor— envía una señal de impunidad que erosiona la convivencia y multiplica la delincuencia. Su aplicación policial más célebre, la “tolerancia cero” neoyorquina de los años noventa, redujo el crimen, pero también dejó una lección incómoda que hoy República Dominicana no puede ignorar: cuando la vigilancia del desorden se convierte en excusa para el abuso, la ventana rota deja de estar en la calle y aparece en la institución misma.
Esa es, precisamente, la paradoja que vivimos. Mientras el Senado avanza en la reforma a la Ley 590-16 —una pieza de 315 artículos, ya aprobada en segunda lectura, que crea categorías de carrera (Directiva, Intermedia y Agente Patrullero), fortalece la Dirección de Asuntos Internos y clasifica de forma taxativa el uso de armas menos letales—, las calles siguen reportando episodios que erosionan la confianza que la ley pretende reconstruir. En las últimas semanas el país ha conocido las muertes de Darlin Manuel Mercado Reyes, Rawel Sierra y Miguel Antonio Lucas bajo circunstancias cuestionadas, además de denuncias de abuso contra una persona bajo custodia en Valverde y maltratos documentados en San José de Ocoa. No son hechos aislados: son ventanas rotas dentro de la propia institución llamada a repararlas.
Aquí es donde el análisis debe ser honesto y sin ambigüedad: la seguridad ciudadana es, ante todo, una responsabilidad indelegable del Estado. No es tarea de vigilantes privados, comités vecinales ni de la resignación ciudadana. El Estado dominicano tiene el monopolio legítimo de la fuerza precisamente porque asume, a cambio, la obligación de usarla con proporcionalidad, supervisión y rendición de cuentas. Cuando ese pacto se rompe —cuando un detenido llega golpeado a un destacamento, cuando un disparo a corta distancia queda sin explicación pública inmediata—, no falla solo un agente: falla el sistema de controles que debía impedirlo.
Por eso la reforma legal, siendo necesaria, es insuficiente si no viene acompañada de tres transformaciones estructurales. Primero, controles internos con dientes reales: la nueva Dirección de Asuntos Internos debe operar con independencia efectiva, capacidad investigativa propia y protocolos de denuncia que protejan a quien alerta sobre abusos, no solo un fortalecimiento nominal en el papel. Segundo, supervisión zonal de mando medio: son los jefes de destacamento y comandantes de zona quienes conocen el patrón de conducta de sus agentes día a día; si la línea de mando no asume consecuencias por omisión, la reforma se queda en Santo Domingo y nunca llega al cuartel de barrio. Tercero —y aquí está el corazón del problema—, la educación policial, inicial y continuada, como filtro y como cultura permanente, no como trámite de ingreso.
Vale recordar que República Dominicana ya conoció ese camino. Hace más de dos décadas, oficiales dominicanos se formaron en el John Jay College of Criminal Justice de Nueva York, una de las academias más rigurosas del mundo en justicia criminal, con currículos centrados en ética policial, uso proporcional de la fuerza, derechos humanos y liderazgo institucional. Aquella experiencia sentó una génesis de profesionalización que, con el tiempo, se diluyó frente al crecimiento acelerado de la nómina policial y la presión de cubrir plazas antes que formar criterio. Los propios directivos de la actual reforma educativa reconocen que los agentes formados bajo el nuevo modelo no registran, hasta ahora, actuaciones fuera de la ley, mientras que los patrones de abuso se concentran en personal formado bajo esquemas antiguos. Ese dato no es menor: confirma que la educación, no solo la ley, es la variable que distingue a un agente que protege de uno que atropella.
Volver a esa génesis no significa nostalgia, significa método: convenios de formación con academias internacionales de excelencia, currículo de ética y derechos humanos no como materia electiva sino como eje transversal, evaluación psicológica continua y un sistema de ascensos que premie el criterio antes que la antigüedad. Las ventanas rotas de nuestras calles no se reparan con más uniformes; se reparan cuando el uniforme mismo inspira certeza de que la ley se aplica con la misma firmeza puertas adentro y puertas afuera del cuartel.
