La semana pasada, el territorio de Venezuela experimentó dos sismos. Los reportes de las agencias de noticias muestran el colapso de infraestructuras de vivienda y comercio. Los equipos de rescate mantienen operaciones ininterrumpidas para localizar ciudadanos bajo los escombros, mientras los organismos de primera respuesta contabilizan cifras en aumento de personas fallecidas y con lesiones. Este suceso impulsa una revisión de los planes de contingencia en los países de la región. Corresponde analizar si la República Dominicana dispone de la preparación estructural para asimilar una emergencia de esta naturaleza; y considerando cómo nos golpean las tormentas todos los años, a pesar de ser fenómenos fácilmente predecibles, no cuento con una respuesta demasiado halagüeña.
La ubicación del país nos coloca sobre un sistema de fallas de geología activa. Esta condición surge de la fricción entre las placas tectónicas de Norteamérica y el Caribe. Los métodos de la sismología carecen de herramientas probadas para anticipar la ocurrencia de un terremoto. Ante la imposibilidad de predicción, la atención se traslada hacia la prevención y la configuración del parque de viviendas. Para establecer un diagnóstico sobre el nivel de resistencia del país, resulta útil observar los materiales que conforman las residencias de los ciudadanos.
Los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, Enhogar2-2024, presentan variables demográficas sobre la conformación de estas propiedades. El documento establece que el 87.4 por ciento de las viviendas particulares ocupadas a nivel nacional cuenta con paredes construidas predominantemente de concreto. El levantamiento de datos agrega que el 44.8 por ciento posee pisos elaborados con cemento y el 40.2 por ciento dispone de techos fabricados con zinc. El uso de estos componentes de construcción proyecta una imagen de solidez de las estructuras.
Las métricas de percepción de riesgo de la misma encuesta aportan datos de contraste sobre este panorama. El 28.4 por ciento de los hogares reporta que su residencia se encuentra en una zona de riesgo frente a fenómenos de la naturaleza. Este registro presenta variaciones, se ubica en un 36.0 por ciento en el sector de campo y en un 27.0 por ciento en el entorno de la ciudad. A la par, el informe de estadística consigna que un 15.0 por ciento de las casas afectadas por eventos de la atmósfera en meses previos registró daños de estructura en techos, ventanas o pisos. Si las precipitaciones y las ráfagas de viento logran causar averías, la aceleración de la corteza durante un sismo impone un desafío mucho mayor en las edificaciones.
El bloque y el cemento garantizan la integridad de los espacios si se acompañan de las directrices de la ingeniería civil. En la publicación Evaluación de Vulnerabilidad en Entornos Urbanos del Caribe, editada en 2025 por investigadores del Banco Interamericano de Desarrollo, se indica que la construcción al margen de las regulaciones representa el factor de quiebre en la gestión de desastres. El texto explica que las obras levantadas sin la supervisión de profesionales de la ingeniería omiten el Reglamento para el Análisis y Diseño Sísmico de Estructuras. La carencia de acero con los milímetros de diámetro requeridos y la omisión de los estudios de suelo limitan la capacidad de las viviendas para disipar la energía liberada por la tierra.
Las instituciones del Estado documentan este escenario. Los reportes técnicos de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones señalan que instalaciones de servicio al público edificadas antes de la emisión de las normativas de seguridad del año 2011 demandan intervenciones de refuerzo. Las construcciones de décadas pasadas carecen de la aplicación del principio de ductilidad, un concepto de la física que permite a los elementos de soporte deformarse sin llegar a la rotura total.
En el entorno corporativo, la interpretación de estos indicadores orienta la toma de decisiones. Una organización con esquemas de expansión requiere auditar las naves de industria o las torres de oficinas que pretende arrendar. Los planes de continuidad de negocio pierden utilidad si los servidores de datos o las líneas de producción ceden ante el movimiento del subsuelo. La mitigación del riesgo exige a las empresas solicitar verificaciones de sismoresistencia antes de ejecutar erogaciones de capital en activos de infraestructura física.
Las firmas de diseño de proyectos disponen de herramientas de computación para simular el comportamiento de los materiales frente a cargas de movimiento. La utilización de programas de modelado en la fase de creación de planos logra ajustar los factores de soporte antes del vaciado del hormigón. La inyección de presupuesto en estudios de prevención disminuye los costos de rehabilitación posteriores y resguarda la vida de los equipos de trabajo.
El nivel de destrucción en Venezuela evidencia que la tasa de supervivencia ciudadana depende de los parámetros de construcción. El cruce de las estadísticas de la encuesta Enhogar con los estudios de resiliencia indica que el país cuenta con reglamentos técnicos, pero enfrenta la necesidad de regularizar los asentamientos sin planos y auditar las obras preexistentes. La gestión de riesgos exige asumir que la ejecución estricta de la norma constituye el mecanismo de defensa frente al desplazamiento de las placas tectónicas.
