Gonzalo Ramírez Sánchez
Universidad de Sevilla, España
Históricamente, las ciudades han sido espacios difíciles de gobernar a ojos del poder. En ellas, los mandatarios de diferentes épocas y lugares han apreciado un mayor grado de desorden que en el ámbito rural, dado el heterogéneo y elevado número de sus habitantes. Este desorden se ha manifestado de múltiples formas. Los atentados contra la vida y la propiedad, la vagancia, los sonidos estridentes, los olores nauseabundos, las blasfemias a Dios, la proliferación de construcciones espontáneas o ciertos entretenimientos de la plebe, entre otros fenómenos, han sido sistemáticamente categorizados por las autoridades como fuentes de desestabilización del orden público. Someter la conducta de las masas a los paradigmas normativos del Estado ha constituido, pese a su aparente condición quimérica, la ambición central de la administración, con especial incidencia en el ecosistema urbano. Sin embargo, esta pretensión de orden absoluto hace colisionar, inevitablemente, la naturaleza misma de los habitantes con los intereses de los sectores dirigentes. Tal afán de control social ha variado significativamente en función del contexto geográfico y temporal.
Este proyecto de orden en las ciudades españolas de ambos hemisferios, durante la segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX, fue expresado por el poder bajo la idea del «buen gobierno». Estas palabras agruparon un conjunto de estrategias destinadas a disciplinar la vida social, que tomaron fundamentalmente la forma de normas prohibitivas. Así, en aquellos tiempos, la población urbana vio multiplicadas las restricciones que afectaban a sus acciones diarias. De entre aquella legislación, los bandos de buen gobierno fueron la máxima expresión de la regulación de lo cotidiano, conteniendo decenas de prohibiciones para combatir el desorden social. Estos fueron publicados con cierta regularidad en centros urbanos hispanos de la región Caribe como La Habana, Santiago de Cuba, San Juan de Puerto Rico o Santo Domingo.
El Archivo General de la Nación, principal institución archivística de la República Dominicana contiene entre sus fondos uno de estos bandos de buen gobierno para la ciudad de Santo Domingo. Tal código fue decretado por el capitán general, gobernador e intendente Carlos de Urrutia y Montoya, a comienzos de año 1815, en tiempos de intensas turbulencias tanto a nivel local como regional. Los cincuenta y siete artículos que conforman este documento fueron dispuestos, según aquella autoridad, para «el buen orden, la tranquilidad y decoro de esta Capital y sus habitantes».
En primer lugar, toda falta de respeto a la religión cristiana era condenada y castigada incluso con pena de prisión. Se prohibió, terminantemente, usar el nombre de Dios en vano, especialmente mediante insultos. Trataron de ser contenidos en las puertas de las iglesias los escándalos, juegos, altercados o incluso la compraventa de productos, sobre todo en horario de misa. Además, se indicó la proscripción de los altares privados, muy comunes y asociados a una adoración contraria a las doctrinas católicas. Por último, dos normas pusieron el foco sobre el comportamiento de la población afrodescendiente. Se les imponía mantener luto cristiano en los velorios, impidiéndose los bailes y el empleo de ciertos instrumentos musicales, por relacionarse con la santería y la superstición.
Otros artículos hicieron referencia a la buena costumbre deseada por las autoridades. En este sentido, se disponía que la noche debía ser un espacio de silencio, en el que no hubiera escándalos, ruidos, fuegos artificiales, petardos, riñas ni fiestas que perturbasen la tranquilidad del vecindario. Por ello, el toque de queda impedía que nadie saliera de sus casas, sin pretexto justificado, desde las diez de la noche hasta el amanecer. Proscribieron, asimismo, la prostitución, el amancebamiento, el adulterio y, en general, las tendencias sexuales que se desviaban de la moral de aquel entonces. Por otra parte, esa tradición incluía la correcta aplicación al trabajo, lo cual hacía sospechoso el juego, el consumo de alcohol o la deambulación sin motivo por las calles de la ciudad. Las diversiones públicas fueron también objeto de regulación en aquel texto legal. Todo baile y festejo taurino necesitaba de la aprobación oficial para poder celebrarse. Los cafés, tabernas y bares tenían que cerrar a la hora indicada, vender sus productos con la correspondiente licencia y, en su interior, no podían practicarse juegos de azar. Las carreras en las calles ya fueran a pie o a caballo, se examinaron como causantes de múltiples accidentes siendo igualmente condenadas.
Un asunto de singular importancia, para aquel gobierno, fue la limpieza de Santo Domingo, considerada una cuestión de salud pública. Por ello, bajo pena de multa, los vecinos estaban obligados a barrer las puertas de sus casas dos veces por semana, arrojar las basuras en lugares indicados y realizar la matanza del ganado exclusivamente en el matadero. Tampoco podrían vagar animales de ningún tipo, como perros, puercos o caballos, ligados a la aparición de enfermedades contagiosas. Finalmente, se penaba con cárcel la venta de alimentos podridos o en mal estado.
En último lugar, este reglamento refleja la sensación de inseguridad que percibía la administración local.
Más allá de todas las medidas anteriores que, en cierto modo, buscaron evitar conflictos de cualquier clase, se puso la lupa sobre el extendido hábito de portar armas, indicándose su total prohibición. Pese a las restricciones vigentes desde hacía siglos, armas de fuego, palos, garrotes, machetes y cuchillos de diferentes tipos circulaban escondidos bajo los ropajes de los vecinos que las llevaban, originando unos importantes niveles de robos, asaltos e incluso asesinatos.
El bando de buen gobierno de 1815 publicado en Santo Domingo es un fiel testimonio del proyecto de urbe ideal pretendido por las autoridades coloniales, sostenido por el control social a través de múltiples prohibiciones como las descritas. Ahora bien, la realidad social siempre ha sido a lo largo del pasado y hasta la actualidad mucho más compleja que la palabra escrita, sobre todo en forma de ley. Gobernar la ciudad colonial fue una labor mucho más compleja, que fue interpretada como un ejercicio constante de disciplina frente al caos. En última instancia, estas disposiciones revelan la insalvable distancia entre una utopía de orden y una realidad social que, por su misma esencia, desbordaba los márgenes de cualquier papel.
Colocar como nota al final esta parte tanto en el pdf como en el que saldrá digital.
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Centro estudios caribeños. PUCMM.
