Constitucionalización derecho participación ciudadana

En un Estado social y democrático de derecho, como el que hemos adoptado en la República Dominicana en el artículo 7 de la Ley Suprema, la participación de la ciudadanía tiene una importancia capital. En ese sentido, la configuración de los mecanismos de participación ciudadana en el texto constitucional potencializan el ejercicio de este y de otros derechos contenidos en la Ley Sustantiva.

En ese orden, la participación ciudadana se ha configurado como un derecho fundamental, tomando en consideración que a través del ejercicio de este derecho las personas tienen la posibilidad de contribuir con la consolidación de la democracia y la institucionalidad. En ese tenor, se observa que los asambleístas que reformaron la Constitución en el año 2010 han constitucionalizado varios mecanismos de participación ciudadana, entre los cuales figuran: derecho a elegir y ser elegido (art. 22.1), formular peticiones a los poderes públicos (art. 22.4), realizar denuncias, (art. 22.5), iniciativa legislativa popular (art. 97), el referendo (art. 210), iniciativas económicas populares (art. 222), control y fiscalización de los fondos públicos (art. 246) y referendo aprobatorio para la reforma de la Ley Suprema (art. 272).

En esa misma línea, en el ámbito local se han descrito los siguientes mecanismos de participación: referendo, plebiscito e iniciativa normativa municipal (art. 203) y presupuesto participativo (art. 206).
En síntesis, es evidente que, en el plano formal con la constitucionalización de los mecanismos de participación ciudadana descritos precedentemente, se ha avanzado en la construcción de un régimen de participación en la República Dominicana. Sin embargo, aún están pendientes de aprobación las normas que complementarán estos derechos de participación, tales como la ley general de participación ciudadana y control social, ley de plebiscito y el referendo.

En este contexto, exhortamos a los legisladores a aprobar las normas que la Constitución ordena que sean creadas, en función del mandato de reserva de ley absoluta que esta dispone; con el fin de posibilitar que, en el plano material, se puedan operativizar estos derechos de participación. En ese sentido, es fundamental que la población se empodere y participe de manera activa en la formulación de políticas públicas y en la construcción del país al que aspiramos. Pero para ello se requiere crear conciencia de la importancia de la participación para el perfeccionamiento de la democracia y el fortalecimiento de la institucionalidad. La idea es que dejemos de ser habitantes y nos convirtamos en ciudadanos.