El reiterado discurso de lucha contra la corrupción y la impunidad parece haber encontrado oídos sordos entre funcionarios del gobierno del presidente Luis Abinader.
Desde los más altos y cercanos funcionarios, hasta los denominados compañeros de las bases que han ocupado posiciones en el tren gubernamental, han explotado casos de cuestionamiento a presuntas acciones que infringen las norma que regulan la administración pública.
En sus casi dos años, el gobierno del presidente Luis Abinader, registra al menos 25 denuncias y cuestionamientos públicos a sus funcionarios, lo que da un promedio de 2.2 casos por meses; un ritmo nada prometedor cuando se advierte que el tema corrupción volverá a ser determinante para los partidos de cara a las elecciones del año 2024.
Si bien es cierto que muchos de los casos de cuestionamiento ligados a este gobierno no forman parte de los “oceánicos”, nombres con que se han bautizado las persecuciones a la corrupción de la pasada administración, no menos cierto es que diversos círculos de opiniónse preguntan si ciertamente el mensaje del presidente está llegando a sus funcionarios.
A excepción de los implicados en el sorteo fraudulento de la Lotería Nacional, denominado «Operación 13» y el caso «Operación Iguana» en la dirección provincial de Migración en Jimaní, ningún otro caso ha corrido la suerte de ser atendido con la fuerza y determinación con la que se ha caracterizado el denominado Ministerio Público Independiente. Por el contrario, muchos se han limitado a decisiones administrativas como destitución de funcionarios, otorgamiento de licencias o iniciativas de investigaciones por parte de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
Sin pretender hacer una especie de árbol de la corrupción del presente gobierno, es justo hacer mención sobre la suerte que han corrido o el estado en que se encuentran, los casos bajo el cuestionamiento público de funcionarios y servidores públicos del gobierno que encabeza el PRM.
1-Operación 13: Por el mismo guarda prisión preventiva el ex administrador de la Lotería Nacional Luis Michel Dicen, el cual fue destituido del puesto tras denunciarse un sorteo de lotería fraudulento.
2-Operación Iguana: El encargado provincial de Migración en el puesto fronterizo de Jimaní, Robert Méndez, guarda prisión preventiva por supuestamente ser el cabecilla de una banda que traficaba y extorciona a inmigrantes extranjeros.
3-Ministerio de la Juventud: Dos ministras han dejado esa posición por cuestionamiento público de ambas funcionarias. Kimberly Taveras renunció luego de ser cuestionada por presunto tráfico de influencia debido a que sus empresas suplían a varios ayuntamientos, lo que viola la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones; en tanto que su sucesora, Luz del Alba Jiménez, fue destituida por el presidente Abinader, luego de denuncias que señalaban que, supuestamente, tenía la intención de beneficiar a dos empresas en unas licitaciones por RD$3 millones.
4-INPOSDOM: Luego de un reportaje de investigación realizado por la periodista Nuria Piera, que puso en evidencia los contratos irregulares entre esa institución y la empresa de envío de paquetes, Mia-Cargo, Adán Peguero fue destituido del cargo por el presidente Luis Abinader.
5-INABIE: El arquitecto Cecilio Rodríguez, quien fungía como director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, fue destituido del cargo, tras denunciarse irregularidades en procesos de licitación para suplir el aliento escolar y el Ministerio de Educación asegurar la existencia de fallas en esa institución.
6-Falcón: Una operación contra el crimen organizado, el lavado de activos y el narcotráfico, tocó las esferas del gobierno al tener como uno de sus principales cabecillas a quien hasta entonces era director general de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, y que fue destituido del caso tras explotar el escándalo y este ser apresado en un presunto plan de fuga.
7-Medusa: este sonado caso, que tiene como principal imputado a un exprocurador de la pasada gestión gubernamental, también salpicó a uno de los más importantes funcionarios del gobierno del presidente Luis Abinader, luego que, en la acusación formal contra los implicados en la Caso Medusa, figurara el nombre de uno de los hijos del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla y este solicitara una licencia del puesto, tras las fuertes presiones para que dejara el cargo.
8-Fideicomiso Punta Catalina: si bien este caso fue sacado del cuestionamiento público luego que el presidente Abinader solicitara al Senado de la República posponer el conocimiento del proyecto de fideicomiso, las semanas previas a su retiro fueron de fuertes cuestionamientos al gobierno, por las presuntas intensiones de entregar al sector privado, lo que muchos consideran el activo más importante del Estado.
9-Casos relacionados al narcotráfico: El Partido Revolucionario Moderno cuenta con un diputado preso en los Estado Unidos por supuestamente ser el jefe de una red que introducía sustancias narcóticas a esa nación.
Por otro lado, también se conoce sobre la extradición hacia Estados Unidos de Yamil Abreu Navarro, exdirector de la Junta Municipal de Las Lagunas en la provincia Azua y alto dirigente de esa organización política en esa demarcación; también está abierta una investigación a la diputada de la provincia La Vega, Rosa Amalia Pilarte López, esposa del Miguel Arturo López (Miky López), contra quien pesan medidas de coerción y se investiga a su familia por ser parte de una presunta organización criminal dedicada al narcotráfico internacional y lavado de dinero.
Está bajo investigación la diputada de la provincia El Seibo, Faustina Guerrero Cabrera, esposa del suspendido director de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, con relación al caso denominado Operación Falcón. Esta operación también arrastra al diputado del PRM por Santiago, Nelson Marmolejos, a quien el Ministerio Público señala que alegadamente recibido fondos para su campaña, del hoy imputado Erick Randhiel Mosquea Polanco.
Sin entrar en una especie de contabilidad de denuncias o cuestionamientos a funcionarios del gobierno de Abinader, en la opinión pública, en programas de televisión especializados en investigación periodísticas y en redes sociales, se hace mención de casos como la denuncia de compra y distribución irregular de pinturas del ministro de Proyectos Especiales de la Presidencia, Neney Cabrera; los recursos pagados por Tony Peña Guaba a artistas sin contar con un proceso de contratación, las diversas denuncias de estafa a través de la Tarjeta Supérate en la gestión Gloria Reyes, denuncia de nepotismo, falta a la ley y deterioro de la infraestructura de Acuario Nacional.
El caso de la contratación de Jeringas en el Ministerio de Salud Pública, diversos cuestionamientos y cancelación de licitaciones en el ministerio de Educación.
La lista se amplía con la renuncia de José Altagracia Sánchez, rector del Instituto Tecnológico Superior Comunitario tras haber sido denunciado de manera pública por presunto acoso sexual a dos mujeres, además de alegados actos de nepotismo al nombrar familiares y allegados en la institución.
Tras una denuncia del programa de investigación El Informe con Alicia Ortega, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, inició una investigación en la Dirección General de Embellecimiento, donde supuestamente su director, Antonio Julio de la Cruz Nolasco, tenía a ocho familiares trabajando en la institución e irregularidades en las compras y contrataciones con empresas sospechosas, compras fantasmas y sobrevaluaciones de la mercancía.
En esta gestión fue objeto de fuertes cuestionamiento la denuncia de presunta violación sexual en contra de una exempleada y por el cual el entonces director de Instituto Agrario Dominicano, Leonardo Fana, quien fue destituido por el presidente Luis Abinader.
Un tribunal descargó a Faña y recientemente fue reincorporado a la función pública como director de Siembra RD, programa del Ministerio de Agricultura, que trabaja en la implementación, preservación y fiscalización de las actividades productivas a nivel nacional.
Recientemente se conoció una denuncia pública del asesor del Poder Ejecutivo en materia Penitenciaria, Roberto Santana, sobre el supuesto cobro de un peaje que deja 7 millones de pasos en la cárcel La victoria de manera corrupta.
El coronel piloto Santiago Almonte Batista denunció que el taller aeronáutico de la Fuerza Aérea Dominicana es utilizado como depósito para el tráfico de drogas. Este oficial fue dejado sin funciones en días recientes y se informó la designación de una comisión para investigar la denuncia.
Queda en una nebulosa lo que podría desatar la fatídica muerte del ministro de medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Si la investigación va más allá de su muerte, el mismo arrojaría otros hallazgos como lo ocurrido en OMSA con la muerte del abogado Yuniol Ramírez, OISOE y el suicidio del David Rodríguez, así como la muerte de los locutores de San Pedro de Macorís José Rodríguez y Leo Martínez, tragedia que destapó un presunto entramado de corrupción en el CEA con la venta irregular de terrenos.
Visto todo este panorama, en un término medio se sitúa, los anteriores ocho años de gobierno del presidente Leonel Fernández, quien contó con la santificación del entonces presidente Danilo Medina que decidió no tirar pierdas hacia atrás, y más reciente, el presunto pacto de alianza estratégica con Luis Abinader, para procurar impunidad. Esto le ha valido al tres veces presidente que las sospechas de corrupción de sus gobiernos no hayan sido neutralizadas por el manto de la justicia.
Lo cierto es que el escarceo político de cara a las elecciones del 2024, plantea lo lacerante y repugnante que puede resultar para un segmento de la población los sonados casos de corrupción de la pasada gestión de gobierno; pero no menos cierto, es que si las presentes autoridades no ponen un freno al curso que llevan casi de un año y menos de 11 meses, la carga de cuestionamiento social resultaría casi igualitaria, y nadie puede levantar la antorcha de considerarse libre de la mancha de la corrupción.
Por: Francisco Medrano
