Por Ing. Roberto Hernández Basilio
Cada semana, el Ministerio de Interior y Policía presenta cifras que buscan explicar el pulso de la seguridad ciudadana. Pero detrás del número global de homicidios se esconde una distinción que pocas veces se explica con claridad: no toda muerte violenta responde al mismo fenómeno, y confundirlas nos impide diseñar políticas efectivas.
Dos fenómenos, una sola cifra
Hasta finales de junio, el país acumulaba 609 homicidios en 2026, con una tasa nacional de 6.98 por cada 100,000 habitantes. El Ministerio ha insistido en que la incidencia de los conflictos sociales -riñas y temas pasionales- es lo que más pesa en la estadística, más que la criminalidad organizada tradicional.
El balance de los primeros cuatro meses del año lo ilustra bien: de 394 muertes violentas, 117 se atribuyeron a hechos delincuenciales (incluidos ocho policías), 93 a enfrentamientos entre civiles y agentes, y 184 a riñas, venganzas, feminicidios y suicidios de agresores. Es decir, casi la mitad de las muertes violentas del país no nacen del crimen organizado, sino de la violencia interpersonal y doméstica.
La violencia de género: la cifra que más debería alarmarnos
Dentro de ese bloque de «conflictos sociales» hay un dato que exige atención nacional urgente: hasta mediados de mayo se registraron 30 feminicidios íntimos, un incremento de 36.4% frente al año anterior, y lo más grave: solo el 13% de las víctimas había denunciado previamente a su agresor. Esto no es un problema que el Estado pueda resolver solo con patrullaje o leyes. Es un fallo colectivo de prevención, de redes de apoyo familiar y comunitario, y de una cultura que normaliza señales de riesgo hasta que es demasiado tarde. La responsabilidad no puede recaer únicamente en el Ministerio de Interior y Policía o en la Procuraduría; exige el compromiso de las escuelas, las iglesias, los vecinos y cada núcleo familiar dominicano.
Cómo clasifica el mundo estas muertes
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), a través de su Estudio Mundial sobre el Homicidio, no agrupa todas las muertes violentas bajo una sola etiqueta. Distingue principalmente entre homicidios vinculados al crimen organizado o pandillas, homicidios interpersonales (que incluyen violencia de pareja, familiar y disputas entre conocidos) y aquellos derivados de otras actividades delictivas o de motivación sociopolítica. Esta tipología permite comparar países y, sobre todo, dirigir políticas específicas: no se combate igual una estructura narco que un patrón de violencia doméstica repetida en un mismo barrio.
Cuando República Dominicana adopta -aunque sea parcialmente- esta lógica de clasificación, gana algo valioso: precisión. Saber que buena parte de los homicidios de 2026 no provienen de bandas organizadas, sino de conflictos entre personas que se conocían, cambia por completo el tipo de intervención que necesitamos: menos operativos policiales y más mediación comunitaria, salud mental, educación emocional y rutas de denuncia accesibles.
La brecha entre la estadística y la calle
Y aquí llegamos al punto que más cuesta comunicar: las cifras oficiales, con todas sus categorías técnicas, son reales. Reflejan un descenso sostenido -la tasa acumulada bajó de 12.03 en 2024 y 11.89 en 2023 a los niveles actuales- y una institucionalidad que, con sus limitaciones, produce datos verificables. Pero el ciudadano de a pie no vive de tasas por cada 100,000 habitantes: vive de lo que ve, escucha y teme en su entorno inmediato. Cuando en apenas 17 días se reportan más de 40 homicidios, la sensación de inseguridad se dispara aunque la tendencia anual sea a la baja.
Esa brecha entre estadística y percepción no se cierra negando los datos ni ignorando el miedo de la gente. Se cierra con transparencia, con pedagogía pública sobre qué mide cada cifra, y con un compromiso que trascienda al gobierno de turno: familia, comunidad y Estado, cada uno asumiendo la parte que le corresponde.
