El Estado que funciona

El debate sobre política económica suele plantearse como una falsa dualidad. Por un lado, más Estado; por el otro, más mercado. Ese modelo de contraste pertenece al pasado. Hoy esa discusión resulta insuficiente porque lo verdaderamente importante no es el tamaño del Estado, sino la calidad de su intervención. La pregunta ya no es cuánto Estado queremos, sino qué funciones debe cumplir para que la economía y la sociedad prosperen.

No se trata de elegir entre un Estado omnipresente y uno ausente. La aspiración consiste en construir una institucionalidad que cumpla eficazmente sus responsabilidades y evite intervenir allí donde no genera beneficios colectivos.

Desde esta perspectiva, la desregulación no representa un repliegue del Estado, sino una forma de fortalecerlo. Consiste en depurar normas y requisitos, eliminar aquellas intervenciones y cargas burocráticas que han perdido utilidad, para concentrar los recursos públicos en aquellas funciones que solo el Estado puede desempeñar.

Este proceso no significa eliminar reglas, desproteger al sistema ni ignorar los riesgos propios de cada sector, sino distinguir entre las normas que protegen el interés público mediante una adecuada gestión del riesgo y aquellas que generan discrecionalidad, ineficiencia y barreras innecesarias.

Toda norma que deja de cumplir una finalidad pública puede convertirse en un obstáculo. Y aquello que se convierte en un obstáculo innecesario eleva los costos, reduce la competitividad, frena el desarrollo de los mercados y debilita la confianza en las instituciones.

Hay funciones que corresponden de manera irrenunciable al sector público, entre ellas garantizar el Estado de derecho, proteger la propiedad privada, preservar la libre competencia y proveer bienes públicos esenciales. Fuera de ese ámbito, toda intervención debe responder a criterios de necesidad, proporcionalidad y eficacia. Se trata de optimizar, no de acumular reglas y requisitos que, más que fortalecer al sistema, favorecen la ineficiencia y el anacronismo.

La regulación, al igual que los mercados que busca ordenar, no es estática. Las normas responden a circunstancias económicas, tecnológicas e institucionales determinadas y muchas veces estuvieron plenamente justificadas cuando fueron creadas. Sin embargo, las condiciones cambian y aquellas reglas diseñadas para resolver un problema específico pueden dejar de ser necesarias, proporcionales o adecuadas con el paso del tiempo.

Por ello, la revisión normativa permanente no debe entenderse como un debilitamiento del regulador, sino como una expresión de madurez institucional. Un mercado dinámico requiere reglas que protejan la estabilidad del sistema, pero también un marco que reduzca la incertidumbre y genere confianza para todos los intervinientes.

Este proceso también cumple una función de protección para los propios participantes del mercado. No toda obligación regulatoria reduce o neutraliza los vectores de riesgo. Algunas, con el paso del tiempo, pueden convertirse en exigencias que limitan la innovación, restringen la expansión de nuevas áreas y dificultan la actuación de quienes tienen la responsabilidad de generar liquidez, profundidad y dinamismo en los mercados. Liberar a los actores de esas obligaciones desproporcionadas no significa reducir los estándares de supervisión, sino permitir que el cumplimiento normativo se concentre en aquello que verdaderamente protege el interés público.

Ese mismo criterio debería orientar la política regulatoria. Toda nueva regulación debería estar acompañada de un análisis del marco normativo existente para identificar aquellas disposiciones que ya no cumplen una finalidad clara. Cuando el riesgo lo permita, podrían sustituirse autorizaciones previas por mecanismos de notificación y establecerse plazos claros para la actuación administrativa.

La burocracia excesiva no solo afecta a las empresas. Cada trámite redundante, cada permiso demorado y cada carga regulatoria injustificada se refleja en mayores costos, reduce las opciones de financiamiento o inversión para los usuarios y limita las oportunidades de empleo. En el caso específico de República Dominicana, muchas de las iniciativas orientadas a mejorar normas innecesarias han generado beneficios inmediatos, al reducir costos, facilitar procesos y mejorar las condiciones para la inversión.

Un buen regulador se parece más a un árbitro que a un entrenador. Su función es poner las reglas del juego claras, velar por su cumplimiento, pero no diseñar las estrategias ni decidir cada movimiento de los jugadores. El éxito que ha tenido el régimen de zonas francas en nuestro país demuestra que este camino funciona; la inversión y el empleo se aceleran cuando las reglas son claras y predecibles, sin que el Estado intente dirigir el negocio.

La prosperidad no depende de la supremacía del Estado sobre el mercado ni del mercado sobre el Estado. Surge cuando ambos cumplen adecuadamente sus funciones. El Estado garantiza las condiciones institucionales para el desarrollo, mientras los mercados asignan recursos, impulsan la innovación y generan riqueza.

La revisión histórica muestra que el desarrollo sostenido no depende de un Estado ausente, sino de un Estado capaz de adaptarse, aprender y transformarse. Los casos de Singapur y Estonia reflejan cómo la fortaleza institucional no reside en acumular funciones o preservar regulaciones por inercia, sino en la capacidad del Estado para reinventarse y responder eficazmente a nuevos desafíos.

En esa misma lógica, una buena política regulatoria debe incorporar mecanismos de revisión periódica, como las cláusulas de caducidad normativa (sunset provisions), que permitan evaluar si las regulaciones continúan siendo necesarias, eficaces y proporcionales.

La desregulación y la depuración normativa no implican un Estado menos presente, sino un sistema regulatorio más inteligente, capaz de evitar la inflación regulatoria y concentrar sus esfuerzos en aquellas áreas donde verdaderamente aporta resultados. La fortaleza del Estado no se mide por el número de reglas que produce, sino por la calidad de aquellas que preservan el interés público, reducen la incertidumbre y favorecen el desarrollo. La mejor regulación no es la más abundante, sino la que cumple eficazmente su propósito.

En definitiva, casi siempre, menos es más.