Gobernar la incertidumbre

Consistentemente se verifica una extraña paradoja en la forma en que solemos evaluar las decisiones financieras relativas a la mitigación de contingencias. Si cualquier organización decidiera no asegurar sus activos tangibles o sus instalaciones críticas contra incendios o desastres naturales para ahorrarse el costo de la póliza, la medida se calificaría de inmediato como un acto de irresponsabilidad financiera inaceptable.

Sin embargo, cuando se opta por no asegurar los ingresos de toda una nación frente al eventual desplome del precio de la harina o el incremento fuera de lo proyectado en los costos de la urea, la decisión suele pasar completamente desapercibida. En el mejor de los casos, incluso se celebra en los órganos de control como un supuesto ejercicio de austeridad o una acertada priorización del gasto.

Tal vez esta desconexión nazca de una profunda desconfianza cultural y política hacia los mercados financieros. Conceptos como derivados, futuros o coberturas suelen asociarse casi automáticamente con la especulación cortoplacista de Wall Street o con operadores que parecen vivir al margen de la economía real. Sin embargo, este estereotipo parte de un diagnóstico equivocado. En manos del Estado, estos instrumentos no se diseñan para adivinar el rumbo de los mercados ni para obtener ganancias financieras, sino para trazar una línea de defensa alrededor del presupuesto público y la fiabilidad que se pretende imprimir a las cuentas nacionales.

Lo cierto es que las operaciones que se negocian en mercados organizados, tales como el Chicago Board of Trade o el Eurex de Frankfurt, pueden responder a estrategias muy distintas. Entre ellas, la cobertura estatal constituye una aplicación plenamente legítima y técnicamente viable.

La razón de ser de este ecosistema financiero no es necesariamente rentista. Su propósito, en este contexto, no consiste en maximizar rendimientos de capital, sino en generar certidumbre. Se trata de un mecanismo que permite a los Estados fijar anticipadamente rangos de acceso o de colocación para materias primas estratégicas en los mercados internacionales. El principal obstáculo para su utilización no es económico, sino político: la incomprensión de estos mecanismos de neutralización de riesgos o, en su defecto, la insuficiente capacidad de los gobiernos para comunicar su utilidad. La persistencia de las críticas desde distintos sectores ilustra con claridad el desafío que enfrentan quienes toman decisiones en la administración pública.

Todo gobierno que destina decenas o cientos de millones de dólares a proteger el valor de sus exportaciones queda inmediatamente expuesto al escrutinio si los mercados permanecen estables. Esa prima, por lo general, suele percibirse erróneamente como un gasto inútil que pudo haberse destinado a otras prioridades. Sin embargo, cuando los mercados evolucionan en contra de los intereses nacionales, las consecuencias trascienden las parquets bursátiles, se traducen en inflación inesperada, presiones cambiarias, subsidios de emergencia muchas veces insostenibles, o recortes improvisados en servicios públicos esenciales, como resultado inevitable de la escasez de recursos.

Nada ilustra mejor este fenómeno que aquella vieja máxima del béisbol que sentencia que cuando el equipo gana, el mérito es de todos; cuando pierde, la culpa recae exclusivamente sobre el entrenador.

La experiencia de México durante las últimas dos décadas con su programa de coberturas petroleras, conocido en los mercados financieros como el Hacienda Hedge, demuestra el verdadero valor de la previsión macroeconómica. Mediante la compra de opciones put, el Estado garantiza un precio mínimo para sus exportaciones de petróleo y con ello, adquiere certidumbre. Si el precio internacional aumenta, la prima pagada constituye simplemente el costo de una protección que no fue necesario activar. Si, por el contrario, el precio se desploma, el presupuesto nacional permanece resguardado. Este mecanismo permitió amortiguar los efectos de las crisis petroleras de 2009 y 2015, protegiendo el gasto social y preservando la confianza de las agencias calificadoras al mantener estables las variables macroeconómicas más sensibles.

La sofisticación financiera del Estado no representa una concesión al paradigma especulativo; constituye, más bien, una herramienta de gobernanza. Un presupuesto que conoce de antemano su nivel de exposición a los choques externos deja de depender del azar y puede planificarse con mayor seguridad. Las prioridades nacionales adquieren estabilidad y la política fiscal se vuelve más predecible.

Gobernar, después de todo, no consiste en controlar las fluctuaciones del mundo, sino en decidir qué parte de su incertidumbre se está dispuesto a asumir. En un entorno internacional cada vez más complejo e inestable, la mejor apuesta de cualquier gobierno no será jamás profetizar el futuro, sino reducir el impacto de lo impredecible.

Eso es, precisamente, lo que significa asegurarse, gestionar el riesgo, reducir la incertidumbre y proteger las variables críticas mediante mecanismos que proporcionan estabilidad antes de que llegue la crisis.