Instituciones llamadas a defender a los afiliados

Han transcurrido veinticuatro años desde la entrada en vigencia de la Ley núm. 87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). La promesa era clara: construir un modelo basado en la solidaridad, la equidad y la protección de las personas frente a la enfermedad, la discapacidad y la vejez.

Mientras las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) continúan reportando resultados financieros positivos. Las estadísticas oficiales de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) muestran que entre 2010 y 2024 las ARS acumularon ganancias superiores a los RD$24,000 millones. No se cuestiona el derecho de una empresa a obtener beneficios dentro del marco legal.

Ante esta realidad surge una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿dónde están las instituciones cuya misión es defender los derechos de los afiliados?

¿Dónde está el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), llamado a dirigir y garantizar el equilibrio del sistema? ¿Dónde están el Defensor del Pueblo, y Pro Consumidor frente a una problemática que afecta cotidianamente a millones de ciudadanos? El silencio institucional termina siendo percibido como una forma de indiferencia. No obstante, solo la actual gestión de la DIDA ha mostrado sensibilidad por los afiliados.

Por esa razón, la Asociación Nacional de Afiliados a la Seguridad Social (Asonafiss) ha decidido impulsar una agenda concreta de reformas. No se trata de planteamientos abstractos, sino de medidas que impactan directamente la vida de las personas: aumentar la cobertura de medicamentos, eliminar el vencimiento anual de esa cobertura, ampliar el catálogo de medicamentos, revisar el régimen de copagos y fortalecer las garantías efectivas de acceso a los servicios de salud.

En conclusión, Asonafiss hace un llamado a todos los afiliados que hayan enfrentado problemas de cobertura, negativas de servicios o dificultades para acceder a medicamentos a documentar y denunciar sus casos. Cada historia fortalece la evidencia necesaria para impulsar cambios estructurales. Esta no es la causa de una organización; es la causa de más de once millones de dominicanos que financian el sistema y tienen derecho a exigir que funcione conforme a los principios de justicia, solidaridad y dignidad humana.

La República Dominicana necesita un modelo que coloque nuevamente al afiliado en el centro de las decisiones.