La necesidad de gobernar, la fuerza de reclamar

Las democracias no se debilitan solamente cuando sus instituciones son demasiado frágiles o cuando el poder se concentra excesivamente. También pierden vigor cuando el Estado y la sociedad se vuelven incapaces de procesar sus desacuerdos dentro de un mismo juego de reglas. Por ello, tal vez el principal desafío no sea eliminar la tensión política, sino impedir que desborde los mecanismos que permiten convertirla en debate, deliberación y reformas necesarias.

La libertad política no consiste únicamente en la ausencia de restricciones, sino en la posibilidad efectiva de que los ciudadanos exijan, cuestionen y limiten al poder. Para ello se requiere también un Estado con capacidad para gobernar, hacer cumplir las reglas y responder a las demandas legítimas. Tal como apuntan Daron Acemoglu y James A. Robinson en El pasillo estrecho, la libertad depende de ese equilibrio entre un Estado apto y una sociedad capaz de limitarlo y exigirle cuentas.

Una democracia necesita ciudadanos con capacidad para reclamar y un Estado con capacidad para responder. Cuando cualquiera de esas aptitudes desaparece, el conflicto deja de funcionar como mecanismo de corrección y comienza a convertirse en una fuente de debilitamiento institucional.

Fiscalizar, criticar y exigir son el oxígeno de cualquier democracia. Pero reclamar no es demoler, como gobernar tampoco es aplastar. El tejido social se deteriora cuando las reivindicaciones comienzan a plantearse bajo una lógica de fill or kill, según la cual, si no se consigue el cien por ciento de lo esperado, cualquier avance parcial se considera insuficiente y el sistema se da por fallido. Bajo esa premisa, la negociación pierde valor y la política deja de ser el espacio donde intereses distintos buscan una solución posible.

El mismo principio aplica al Estado. Su fortaleza no debería medirse por su capacidad de imponer decisiones, sino por su capacidad para ejecutarlas dentro de la ley. Un Estado eficaz recauda, administra, regula, presta servicios, protege derechos y corrige sus propios errores. Cuando esas destrezas resultan insuficientes, las demandas sociales se acumulan sin respuesta y el sistema comienza a producir frustración en lugar de soluciones.

Groucho Marx popularizó, con su habitual ironía, una definición de la política según la cual esta consiste en buscar problemas, encontrarlos existan o no, diagnosticarlos incorrectamente y aplicar después el remedio equivocado. La frase sirve también para advertir sobre uno de los riesgos del debate público, que consiste en convertir la fiscalización en una búsqueda permanente de culpables, incluso cuando el problema exige primero comprender sus causas.

De ahí la importancia de distinguir entre fiscalización y sospecha permanente. La primera busca producir responsabilidad y corrección. La segunda convierte fácilmente toda decisión pública en una presunción de incompetencia, corrupción o mala fe. Cuando esto ocurre, la rendición de cuentas pierde parte de su función correctiva y puede generar un incentivo perverso. La preocupación por evitar cualquier riesgo termina teniendo más peso que la disposición a asumir decisiones difíciles.

Algo similar ocurre con las expectativas sociales. Los recursos públicos son limitados, la capacidad administrativa tiene restricciones y gobernar implica establecer prioridades. Una democracia madura debe preservar el derecho a exigir, pero también reconocer que no todas las solicitudes pueden satisfacerse simultáneamente. El objetivo de la presión ciudadana debería ser mejorar la capacidad de respuesta del Estado, no sustituirla.

Las restricciones presupuestarias deben entenderse como una realidad de gobierno, pero no pueden convertirse en una excusa para la inacción. La responsabilidad fiscal y la capacidad administrativa no eliminan la obligación de responder. Obligan a establecer prioridades, explicar las decisiones y asumir sus consecuencias.

El verdadero riesgo, entonces, no es el conflicto. Es la acumulación de roces sin mecanismos eficaces de resolución. Una democracia puede absorber protestas, controversias, alternancias y desacuerdos. Lo que difícilmente puede sostener indefinidamente es una combinación de polarización, desconfianza institucional, expectativas crecientes y ausencia de respuestas creíbles.

Cuando esa acumulación de tensiones supera la capacidad del sistema para procesarla, el problema cambia de naturaleza. La confianza disminuye, la cooperación se debilita, las instituciones pierden autoridad y aumenta la tentación de buscar soluciones extraordinarias para problemas que deberían resolverse mediante procedimientos ordinarios. En ese punto, la tensión política deja de funcionar como mecanismo de corrección y se convierte en un problema de gobernabilidad y de estabilidad nacional.

Nuestro sistema no necesita menos democracia para evitar ese escenario. Necesita un Estado que pueda gobernar sin sentirse permanentemente asediado, una oposición que pueda fiscalizar sin convertir cada decisión en una batalla de legitimidad. Del mismo modo, necesita medios y ciudadanos capaces de distinguir información de propaganda y una sociedad civil que pueda ejercer presión sin asumir que toda demanda debe resolverse mediante la confrontación.

El objetivo no debería ser eliminar la tensión inherente a la política democrática, sino mantenerla dentro de límites productivos y virtuosos, donde se preserve simultáneamente un Estado con capacidad para gobernar y una sociedad con capacidad de vigilancia. En efecto, el escenario ideal es el que se aproxima a esa vieja idea democrática según la cual nadie mejor que el pueblo para watch the watcher, vigilar a quien vigila. Pero, claro, esa vigilancia también necesita mesura, orden y límites.

La democracia no se salva esquivando el conflicto. Se salva impidiendo que el conflicto dinamite lo que intenta mejorar. Ese es el pasillo estrecho y nos toca aprender a caminarlo.