Países de economías avanzadas y otros con sistemas políticos autocráticos están enfrentando problemas demográficos que plantean desafíos importantes para el reemplazo generacional, la estabilidad económica y el buen funcionamiento de los sistemas de salud pública.
El origen del fenómeno se relaciona con políticas de planificación familiar; la emancipación y la unión tardía de las parejas en culturas muy tradicionales donde el matrimonio es una regla sin excepción para procrear y no es bien aceptada la concepción y la crianza en solitario; las complejidades para lograr la conciliación profesional, laboral y familiar; el estancamiento de la economía; y el elevado costo de vivir sobre todo en las urbes.
Italia y Japón se enfrentan a esta compleja realidad, cada cual por razones distintas, lo que motiva a sus gobiernos a encaminar medidas para fomentar la migración regular, como mecanismo para aumentar la densidad poblacional y garantizar la mano de obra necesaria para motorizar sus economías.
En Italia, observamos un cambio interesante. Es un país que durante décadas ve reducida la tasa de fecundidad de la mujer, que está por debajado de los 2.1 hijos y una población cada vez más envejeciente, por lo que se ha planteado ampliar la edad mínima de jubilación por razones de edad, que es de 67 aňos, para orientarla de acuerdo con las expectativas de vida, que sobrepasa los 80 aňos, según cifras oficiales.
Ahora, llama la atención que Italia, epicentro de una crisis migratoria que en su momento reconfiguró el panorama de Lampedusa, su isla más próxima a África y a Sicilia, y puerta de entrada a Europa de miles de rugiados desde mucho antes de la crisis de 2015, con un gobierno liderado por una ultraconservadora Giorgia Meloni que ascendió al poder político con un duro discurso contra la migración ilegal, la cual enfrenta con mano dura, atraviesa por una etapa en la que se ve en la inminente necesidad de abordar el fenómeno desde otra perspectiva.
La Administración de Meloni anunció la puesta en marcha de una iniciativa que permitirá el ingreso legal de hasta 500 mil trabajadores extranjeros durante el periodo 2026-2028, para incorporarlos como fuerza laboral a los sectores turístico y agrícola, entre otros.
Con esto, las autoridades italianas intentan continuar frenando la migración irregular, que la Meloni estaría gestionando con éxito; la llegada de refugiados que muchas veces se convierten en una carga para el Estado; y equilibrar la densidad poblacional, pues muchos italianos también optan por abandonar el país.
Y es que la migración regular ha sido la tabla de salvación para naciones europeas que enfrentan serios problemas demográficos. España es uno de los países que mejor gestionan la migración regular como mecanismo para aumentar la densidad poblacional y así enfrentar la baja tasa de natalidad, que es de menos de 1.2 hijos por mujer y las cifras continúan en picada, porque las mujeres posponen la maternidad hasta llegar a una edad menos fértil.
Con su política de libre visado, el Gobierno español fomenta la llegada de nacionales de países latinoamericanos que tienen los mejores niveles educativos. Con el interés de ilustrar, citamos el caso de los colombianos, que a julio de este 2025 alcanzaron una cifra inédita, pues por primera vez, más de un millón de ellos residen en el país europeo, según datos actualizados del Instituto Nacional de Estadística (INE). Junto a los ecuatorianos, que sí requieren visado, constituyen parte de la diáspora más grande de ese país.
Asimismo, debido a la crisis política en Venezuela, la llegada de sus nacionales se mantiene fluida en territorio español, donde se han diseñado políticas atractivas para que los mismos residan en comunidades del interior de España que prácticamente estaban quedando despobladas, donde además emprenden con pequeños negocios que satisfacen las necesidades de la localidad.
En el caso de Japón, la situación se torna más complicada. Es un país con una cultura ancestralmente cerrada para temas como la migración, que actualmente es un tema polémico que generó protestas sociales a finales de agosto, en rechazo al anuncio de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón de que las ciudades de Nagai, Sanjo, Kisarazu e Imabari, serían designadas como “ciudades de origen” para los países socios de Tanzania, Ghana, Nigeria y Mozambique.
El país nipón se ve en la necesidad de flexibilizar su política migratoria para frenar los problemas derivados de la baja natalidad, donde mueren más personas de las que nacen y con una esperanza de vida elevada, por encima de los 84 aňos.
Para motivar la migración estos países fomentan la flexibidad de visado, de política fiscal, de apoyo estatal y comunitario. El éxito de los mismos se basa en la planificación, en saber identificar el recurso humano cualificado para ser integrado a los sectores productivos más demandantes de mano de obra y en la puesta en marcha de programas para fortalecer la identidad nacional, de manera que el migrante asuma un sentido de pertenencia, lo que a futuro limitaría conflictos sociales por asuntos étnicos y religiosos que pueden perturbar el escenario social y la seguridad hasta escalar en un complejo tema político difícil de manejar para las autoridades de cualquier nación.
