Un programa, muchos padres

Cuando una política pública fracasa, suele quedar huérfana. Cuando tiene éxito aparecen muchos padres y madres para atribuirse el mérito.

Las políticas públicas exitosas se distinguen de los proyectos políticos porque trascienden a los gobiernos que les dieron origen. Cuando una iniciativa demuestra que funciona, lo deseable es perfeccionarla, no sustituirla únicamente para cambiarle el nombre o apropiarse de sus resultados. Eso ocurrió con la principal política de protección social de la República Dominicana.

La crisis bancaria de 2003 dejó al país enfrentado a una de las peores emergencias económicas y sociales de su historia reciente. El producto interno bruto se contrajo 1.3%, la inflación alcanzó 42.7%, la pobreza extrema afectó al 20.8 % de la población y la pobreza total se elevó hasta 70.8 %. La desocupación abierta superó el 6% de la población económicamente activa. Millones de dominicanos vieron deteriorarse rápidamente sus condiciones de vida y garantizar la alimentación diaria se convirtió en el principal desafío para cientos de miles de hogares.

En ese contexto, el gobierno del presidente Fernández creó Comer es Primero, un programa de transferencias monetarias destinado a apoyar el presupuesto de las familias más pobres. Sin embargo, su principal innovación no fue el subsidio, sino la arquitectura institucional que lo sustentaba.

El programa descansaba sobre tres instituciones con funciones claramente diferenciadas. El Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) identificaba a los hogares pobres mediante con técnicos y objetivos; la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) administraba los pagos y publicaba los padrones de beneficiarios; y la Coordinación del Programa Solidaridad diseñaba la política, definía los beneficios y evaluaba sus resultados.

Esa separación de funciones evitaba la discrecionalidad política y fortalecía la transparencia. Quien diseñaba el programa no seleccionaba beneficiarios ni administraba los pagos; quien pagaba no decidía quién recibía las transferencias; y quien identificaba a los hogares pobres no intervenía en el diseño de la política ni en la ejecución de los recursos. La innovación también alcanzó la forma de entregar los beneficios. La tarjeta Solidaridad permitió sustituir mecanismos tradicionales por un sistema moderno, transparente y financieramente inclusivo.

Los resultados fueron ampliamente reconocidos. Entre 2004 y 2008 la pobreza extrema descendió de 20.8% a 15.0%, mientras la pobreza total pasó de 70.8% a 56.6%, una reducción superior a catorce puntos porcentuales en apenas cuatro años. La desocupación abierta disminuyó de 6.3% a 4.8% y la inflación retornó a niveles cercanos al 1% anual.

Con el cambio de gobierno en 2020, los subsidios monetarios no desaparecieron, pero la arquitectura institucional que garantizaba los mecanismos de control fue desmantelada. El programa pasó a depender de la Presidencia de la República y las instituciones técnicas perdieron el protagonismo que aseguraba la separación entre focalización, administración de pagos y conducción de la política social.

Los cambios tampoco implicaron más eficiencia. Mientras la emisión de la tarjeta Solidaridad costaba alrededor de RD$7 por beneficiario, la tarjeta Supérate pasó a costar cerca de US$10 por emisión, además de RD$100 por distribución.

Si el nuevo esquema incrementó los costos, la ciudadanía tiene derecho a conocer qué mejoras justificaron ese aumento y por qué se decidió privatizar la emisión y distribución de la tarjeta. Los gobiernos tienen derecho a mejorar las políticas públicas. Lo difícil de justificar es sustituir instituciones técnicas por estructuras con menor independencia o eliminar mecanismos concebidos para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

La discusión adquiere mayor relevancia cuando el propio Gobierno sostiene que más de un millón de dominicanos salieron de la pobreza y que el país dejó de formar parte del mapa mundial de la subalimentación elaborado por la FAO. Según las cifras oficiales, la pobreza monetaria total afecta hoy al 17 % de la población.

Si esos avances reflejan la realidad, la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo evolucionaron los criterios de focalización. Según las estadísticas oficiales, los hogares en pobreza monetaria total se redujeron de 1.21 millones en 2015 a 668 mil en 2025. Sin embargo, Aliméntate beneficia cada mes a cerca de 1.5 millones de hogares, Bono Gas alcanza alrededor de 1.3 millones y Bono Luz subsidia a más de medio millón de familias.

Las políticas sociales no deberían tener color político ni propietarios. Los gobiernos pasan; los programas quedan. Porque un programa puede tener muchos padres, pero el pueblo distingue entre quien solo le cambió el nombre y quien tuvo la visión de crearlo. Las buenas políticas públicas no pertenecen a ningún gobierno. Pertenecen a los ciudadanos. Su fortaleza no radica en el nombre que aparezca en la tarjeta ni en el color del partido que la administre. Radica en la solidez de las instituciones que garantizan que los recursos públicos lleguen, con transparencia y criterios técnicos, a quienes realmente los necesitan: los pobres. Ese fue, precisamente, el principal legado de Comer es Primero.