Gobierno corporativo: proporcionalidad y desarrollo

Servio Tulio Castaños, Vicepresidente Ejecutivo de Finjus

La evolución del gobierno corporativo refleja la transformación de las empresas y organizaciones y su rol en la sociedad. Este constituye hoy un pilar estratégico para la gestión, la confianza y la sostenibilidad, claramente legitimado por la eficiencia económica y de riesgos, como por su contribución ética y social.
En esencia, el gobierno corporativo juega un triple rol. Por un lado, es la base para ordenar las relaciones y proteger los derechos entre socios. Por otro lado, sirve de eje vertebral para la gestión del conflicto natural entre administradores y el interés de las entidades y sus propietarios/socios. Finalmente, funge de balanza entre los intereses de la organización y sus múltiples grupos de interés (stakeholders) -empleados, clientes, proveedores, comunidades, entre otros- evidenciando que estas operan como actores con impacto social e institucional.

Precisamente como resultado del desarrollo progresivo e importancia de las distintas dimensiones del gobierno corporativo, han sido, por un lado, las propias empresas y organizaciones las que han ido construyendo mecanismos de gobernanza basados en autorregulación: normas propias, códigos internos y acuerdos voluntarios. A su vez, estos esfuerzos se han complementado paulatinamente con mejores prácticas internacionales (no vinculantes) y marcos regulatorios formales (leyes y normas de cumplimiento obligatorio).

En el contexto actual, la regulación del Gobierno corporativo se ha convertido en elemento central, pues condiciona de manera significativa el funcionamiento, desempeño y la estabilidad de las empresas, las organizaciones y los mercados. En este sentido, el sector financiero representa un ejemplo relevante de que las normativas de gobierno corporativo pueden contribuir al fortalecimiento de las entidades y a la estabilidad de los mercados. A lo largo de las últimas décadas, el tratamiento de aspectos como el funcionamiento de los órganos de gobierno, la gestión integral de riesgos, la transparencia o los límites a los conflictos de interés ha rendido importantes frutos.

No obstante, este mismo proceso regulatorio no deja de traer preocupación a nivel global: el endurecimiento (hard law) del gobierno corporativo basado en prácticas o normas comparadas. Este riesgo se amplifica en mercados emergentes.

En este contexto, la tendencia debe ser lograr el correcto equilibrio entre regulación e independencia y libertad empresarial, inspirados en principios como la razonabilidad y la proporcionalidad. Este balance es crucial para evitar que el deseo legítimo de fortalecer la gobernanza derive en modelos de sobrerregulación que limiten la innovación y la competitividad, y afecte la inversión y la adopción natural de buenas prácticas en la materia. Las mejores prácticas, así como las prácticas internacionales comparadas, deben fungir como referentes, tal como de ellas se infiere. El desafío consiste en construir una gobernanza robusta pero ágil, que permita a las entidades desarrollar prácticas conscientes y sostenibles, sin sacrificar su capacidad de adaptarse, competir y crecer.

Existen diferentes ámbitos que muestran la importancia de equilibrar la regulación con las prácticas internas de gobernanza. Uno de estos es el tratamiento de los llamados “directores independientes”. En distintas jurisdicciones se ha consolidado la práctica de establecer criterios para la determinación de su independencia, algunos formales y otros sustanciales. Uno formal resulta el tiempo de permanencia como director en su categoría de independiente.

Normas de jurisdicciones como España, Reino Unido o Perú han optado por establecer un plazo máximo en el que un miembro de este tipo sirve en el consejo, bajo la premisa de que, a mayor permanencia, menor independencia. Por otro lado, regulaciones de mercados como Estados Unidos, Canadá o Chile, por ejemplo, no lo prevén. En este último modelo impera el seguimiento al comportamiento independiente, que permite la continuidad de directores experimentados.

La transposición de una práctica como la anterior, aunque parezca baladí, resulta sumamente importante y sintomática. En mercados emergentes fijar una regla estricta de pérdida automática de la independencia de un director -por aplicación de un plazo- puede derivar en rotación forzada, mayores costos, pérdida de continuidad estratégica y debilitamiento de la memoria institucional, además de incrementar el riesgo regulatorio. Frente a este escenario, un enfoque más razonable podría consistir en permitir modelos flexibles que evalúen la independencia desde una perspectiva integral. Entre estos mecanismos pudieran estar: evaluaciones periódicas y objetivas del comportamiento independiente; declaraciones anuales de ausencia de conflictos; creación de registros nacionales o sectoriales de candidatos calificados; fortalecimiento de programas de formación y certificación especializada; y, excepcionalmente, la extensión de mandatos cuando no existan perfiles idóneos o cuando la continuidad institucional lo requiera. De esta manera, se respeta el espíritu de las buenas prácticas sin sacrificar la operatividad y estabilidad de las entidades y del sistema en su conjunto.

Este es solo uno de los escenarios en los que resulta de mucha ayuda aplicar el principio regulatorio de primacía de la sustancia sobre la forma. Mediante este enfoque, además de que implica mayor conciencia e introspección por parte de las organizaciones, en lugar de concentrarse en el establecimiento de listas rígidas o dicotómicas, se invita a explorar la aplicación efectiva de las prácticas de gobierno corporativo. Adoptar este principio no implica desconocer las buenas prácticas globales y las buenas intenciones regulatorias, sino fomentar una aplicación que responda al contexto, la capacidad y la naturaleza de las organizaciones locales.

En economías emergentes, donde el tejido empresarial es diverso y la sofisticación regulatoria va en desarrollo, resulta esencial promover una gobernanza efectiva, competitiva y sostenible, sin comprometer el dinamismo del mercado y sus participantes.

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